Este proyecto de ley que tiene media sanción por parte del Senado contiene algunos artículos claramente violatorios de nuestra Constitución, y, además, su espíritu atenta contra principios y valores sobre los que se asienta desde hace más de doscientos años la democracia occidental.
Recordemos que en la Edad Media Europa era gobernada por un sistema llamado de Monarquía Absoluta, porque el rey concentraba todos los poderes. Era el poder legislativo porque promulgaba las leyes, era el poder ejecutivo porque controlaba el cumplimiento de estas y era el poder judicial porque castigaba a quien las violaba. Por ese motivo el entonces rey Luis XIV de Francia había declarado “el Estado soy yo”.
La idea dominante en esa época era que el Estado era mucho más importante que el ciudadano y con esa idea muchísimos crímenes y atropellos se cometieron invocando la “razón de Estado”.
Contra este sistema surgieron las diferentes revoluciones: La inglesa, la francesa y la independencia de los Estados Unidos, inspiradas en ideas que encontramos en la declaración de independencia de Norteamérica, que en un párrafo dice:
“Todos los hombres son creados iguales y son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables; entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad y para garantizar estos derechos los hombres constituyen los gobiernos”.
Con estas ideas se modificó el pensamiento dominante en la Edad Media, y, a partir de ese momento lo importante ya no era el Estado, sino el ciudadano que tenía derechos y que “creaba” un Estado para la protección de los mismos.
Estos principios también se encuentran plasmados en la Constitución de nuestro país, que en su artículo segundo dice “En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo” y en su artículo primero dice “La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista”.
La democracia representativa le otorga al ciudadano el derecho a elegir a sus representantes y la democracia participativa el derecho a participar en los temas de interés público.
Y esa participación ciudadana solamente puede realizarse por medio de la asociación y la creación de instituciones llamadas intermedias. Se les llama intermedias porque están en el medio entre el Estado y las personas físicas o jurídicas.
Por eso las empresas se asocian en gremios, los trabajadores en sindicatos y las personas en los temas que las unen: La niñez, la educación, el ambiente, etc.
A todas estas organizaciones sin fines de lucro (OSFL) se les llama también organizaciones no gubernamentales (ONG) y son el vehículo para que la democracia participativa sea una realidad.
La ley que hoy estamos debatiendo, con el pretexto de transparentar el funcionamiento de las ONG, tiene artículos claramente violatorios de normas constitucionales y pone trabas burocráticas y sanciones económicas y penales que harán reducir sustancialmente el número de estas organizaciones, que son imprescindibles en una democracia participativa.
Creo que una gran mayoría está a favor de transparentar la utilización de los fondos provenientes del Estado e incluso del exterior, pero ese cambio requiere de una ley con una redacción diferente a la actual.
Esperemos que en la Cámara de Diputados e incluso en la Presidencia de la República prime cierta racionalidad y espíritu democrático para modificar sustancialmente el proyecto en estudio.
Caso contrario va a ser un retroceso más de nuestra democracia hacia el autoritarismo, un retroceso hacia una visión de un Estado todopoderoso y un ciudadano indefenso, propio de la Edad Media.
Ojalá que eso no ocurra.
