La Ley 7089, que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública, promulgada en abril del 2023, se aplica a toda aquella persona que cumpla o haya cumplido una función pública. El conflicto de intereses se presenta cuando los intereses personales, laborales, económicos, financieros, profesionales de una persona que desempeñe una función pública, o los de su grupo familiar, podrían influir en la adopción de decisiones en el ejercicio de su cargo.
Con las modificaciones de los senadores, la ley, que había tenido un estreno poco eficiente con el actual gobierno, ya no serviría a sus propósitos.
La Cámara de Senadores eliminó la sanción de hasta 300 jornales mínimos e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el plazo de hasta cinco años para los ex funcionarios que incumplieran las prohibiciones previstas en el artículo 24. También suprimió el artículo 26 que establecía que, antes de la designación de ministros, viceministros y otros funcionarios de rango equivalente en el Ejecutivo, el presidente de la República puede remitir a la Contraloría General de la República los antecedentes laborales, actividades actuales e intereses económicos y financieros de los candidatos. Después, la Contraloría podía recomendar algunas medidas para prevenir conflictos de intereses por parte de la persona a ser designada. El mismo procedimiento podía ser aplicado a ministros del Ejecutivo y a las máximas autoridades de los entes descentralizados, autónomos y autárquicos.
Asimismo, los senadores modificaron el artículo 3, inciso g, que limita el grupo familiar hasta cónyuge o conviviente e hijos mayores de edad, cuando la actual ley alcanza a parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, incluyendo a las personas sujetas a tutelas.
Esta ley, que apenas estuvo en vigencia unos seis meses, y que en este tiempo fue varias veces pisoteada por el nuevo gobierno, cuando, a pesar de las prohibiciones, se hicieron nombramientos de funcionarios, entre ellos el ex director del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, quien pasó a ser director del banco Basa y ahora volvió como ministro de Hacienda. Otro caso es el del ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Óscar Boidanich, quien trabajó para las empresas de Cartes, y el actual presidente de Petropar, Eddie Jara, quien se había desempeñado en el cargo durante el gobierno de Cartes y posteriormente pasó a su nueva empresa de combustible. Asimismo, el senador y ex ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, también pasó a desempeñarse como asesor de Cartes y fue reelegido senador en este periodo.
Esta ley conocida también como de puerta giratoria buscaba evitar que funcionarios de alto rango pasen al sector privado y lleven con ellos información delicada o sensible del manejo público. La intención es clara, buscar transparencia y avanzar en la lucha contra la corrupción.
Por eso, este es el momento en que nuestra clase política debe demostrar que está comprometida con la búsqueda del bien común. Es sabido que en América Latina y el Caribe el 1% más rico concentra el 37% de la riqueza, mientras que el 4,2% de los trabajadores asalariados de la región se encuentran en indigencia, y 15,6% de ellos en pobreza monetaria.
Leyes como la de puertas giratorias aspiran también a equilibrar los niveles de igualdad, buscando precisamente cortar con el círculo tan difícil de romper la “captura del Estado” por parte de ciertos grupos de poder que solo trabajan por sus intereses y no los de la mayoría necesitada. Esperamos de los poderes Legislativo y Ejecutivo que elijan la democracia por encima de la corrupción.
