Con tantos cambios hechos tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, el proyecto de ley “De la Función Pública y del Servicio Civil”, sancionado esta semana, no será la herramienta que el país necesita para elevar la calidad del servicio de las instituciones del Estado, ni para eliminar los flagelos del clientelismo y prebendarismo, así como tampoco el nepotismo y el secuestro del Estado por parte de grupos de poder que solo buscan su propio beneficio. En suma, se perdió una oportunidad para combatir la corrupción.
Esta era una ley importante, pues tiene que ver con la gestión de las políticas públicas, y el servicio a los ciudadanos desde las instituciones del Estado. Tristemente, la clase política nuevamente decidió poner sus propios intereses en primer lugar en desmedro del resto de los paraguayos y paraguayas.
Además de asegurar que se hagan realidad los derechos básicos de los ciudadanos, a través de los servicios de las instituciones y del trabajo de los funcionarios, resultaba urgente modernizar la carrera del servicio civil, y sobre transparentar el acceso a la función pública y los concursos. Debe quedar claro que quienes acceden a los cargos públicos para servir al pueblo deben ser los mejores.
Asimismo era una gran oportunidad para presentar resistencia a la desgracia que suponen para nosotros el prebendarismo y el clientelismo, tan arraigados en la cultura política. En suma, constituía la ley una herramienta para luchar contra la corrupción, que en la función pública está signada por el nepotismo y el acceso al empleo público como favores políticos, por lo cual no siempre son contratados los mejores y más preparados, sino solamente aquellos que tienen conexiones partidarias o con los grupos de poder, políticos y económicos.
La aprobación de este proyecto por senadores y diputados, con las modificaciones que ellos mismos forzaron, no deja de ser un mensaje a la ciudadanía, en un año en el que han sido desvelados tantos de sus groseros privilegios. Es un deber tener siempre presente que en este 2024 fueron desnudados varios escandalosos casos de contratos de familiares de autoridades del Gobierno en el Congreso, en un caso conocido como el de los nepobabies, y aunque el presidente Santiago Peña había prometido la solución al nepotismo en forma de una ley del servicio civil, al final los parlamentarios tomaron otras decisiones.
Exactamente como el presidente del Congreso Nacional, el senador colorado cartista Basilio Núñez, quien, desafiando el hartazgo ciudadano, continuó promoviendo el clientelismo, el pago de favores y la repartija de cargos. Además de los ya conocidos y nefastos clanes familiares instalados, este 2024 se sumó la contratación de jóvenes bachilleres, en su mayoría, sin títulos universitarios, con jugosos salarios, los que se encuentran diseminados en distintas oficinas de parlamentarios de la bancada cartista y sus satélites, sin que tengan una labor específica. Los denominados Bachibabies ingresaron bajo la figura de la contratación y de los “cargos de confianza”.
El proyecto de ley “De la Función Pública y del Servicio Civil”, el Frankenstein que regresa para la firma del presidente no impone las mismas reglas para los tres poderes del Estado. De nada sirvieron las denuncias y los escándalos de los nepobabies, pues los hijos, hermanos, cuñados y el resto de la parentela podrá seguir cobrando salarios públicos aun sin contar con títulos ni estar capacitados, lo mismo que los seccionaleros y amigos del poder.
No avanzará el país hacia su desarrollo si no se profesionalizan los servicios civiles, y sin la mejora del servicio del funcionariado tampoco mejorará la gestión pública y la capacidad del Estado de satisfacer las necesidades de la población, proveer servicios eficientes y ofrecer calidad de vida a la gente, que es básicamente su razón de ser.
