El asesor legal de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), Miguel Aranda, señaló que así como se presenta la normativa, que se pone en vigencia en este periodo, es su inviabilidad, tiene defectos importantes, porque no se tuvo en cuenta cuantas empresas y personas quedarán afectadas.
Además, los críticos de esta reglamentación dudan de la constitucionalidad de la ley puesto que la propia Constitución Nacional solo contempla que los funcionarios públicos se obliguen a presentar todo lo referente a su patrimonio.
El asesor legal refirió la preocupación que tienen en el gremio así como en otros estamentos en relación a la ley, pues dijo que tienen argumentos para dudar de su aplicabilidad.
“Primero es una ley inaplicable porque en términos prácticos es imposible por todo el volumen de documentación. No tuvieron en cuenta que el volumen de información a recabar y que debería entrar en la Contraloría no solo alcanza a los proveedores, también a los concesionarios, los que hacen servicios, y los entes que reciban fondos pero no tengan fines de lucro”, indicó.
Añadió que se busca saber las rentas, activos y pasivos de las personas físicas y jurídicas a nivel del país y el extranjero, así como de sus cónyuges.
INCONSTITUCIONAL. El representante de la CAP dijo que no sabe con que fin se busca involucrar al sector privado, en algo que la propia Constitución señala que es sola obligatoriedad del funcionario.
“El artículo 104 de la Constitución dice que es obligación de los funcionarios públicos la presentación, pero ahora hacen extensiva la ley a quienes no tienen contemplados la propia Constitución“, mencionó.
Señaló que por estas consideraciones en el gremio están evaluando dos opciones: Una, la de aguardar la modificación y posterior derogación de esta norma; y la segunda, es seguir evaluando y hacer una análisis normativo para proseguir con acciones, que podría ser promover una acción de inconstitucionalidad contra el efecto de la ley en cuestión.
Es una ley inaplicable porque en términos prácticos es imposible por todo el volumen de documentación
Miguel Aranda,
asesor jurídico de la CAP.
