Los diputados analizaron ayer el proyecto que extiende la vigencia de la Ley de Emergencia Sanitaria; el proyecto fue aprobado en general, pero como introdujeron cambios deberá ser devuelta al Senado.
Hace una semana, el movimiento cartista Honor Colorado había dejado sin cuórum una sesión de la Comisión Permanente que debía tratar la Ley de Emergencia. En este momento, debido a las internas del Partido Colorado y a la politiquería, la ley que trata sobre los denominados Fondos Covid sigue en suspenso.
Con la ley se aseguran los recursos necesarios para la compra de 1.500.000 dosis de vacunas pediátricas anti-Covid, así como también se podrán cubrir los costos de las camas de Terapia Intensiva, en los casos que el sector público derive al privado. Fundamentalmente no se debe perder de vista el hecho de que las vacunas van a permitir que los niños regresen a las aulas inmunizados.
Todavía no ha pasado un año y los políticos parecen haber olvidado la grave crisis que vivió el país durante la crisis del Covid, cuando faltaron medicamentos y camas en Terapia Intensiva; cuando la gente tuvo como único recurso comprar los medicamentos de la ciudad de Clorinda y mantuvo la salud pública a base de rifas y polladas.
De la extensión de la vigencia de esta ley depende también la provisión de medicamentos e insumos; además de la cobertura de los costos de los trabajadores dependientes del IPS por reposo o aislamiento; lo mismo que la reposición del personal sanitario.
En la sesión de ayer, el diputado cartista Basilio Núñez aseveró que el Gobierno es el responsable de dejar sin vacunas a los niños y no Honor Colorado. Olvida al parecer el diputado colorado que, según el artículo 3 de la Constitución Nacional, “El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control”.
Por lo tanto, la actual situación de crisis es responsabilidad del presidente de la República, del vicepresidente que solo vive haciendo campaña política partidaria, y de senadores y diputados. Todos ellos son el Gobierno, y son ellos quienes les están fallando al pueblo paraguayo.
Es inadmisible que el interés general, que el bienestar de la mayoría de la población, quede subordinado a los privados, a intereses de minorías, de sus juegos de poder y su corruptela.
Esta ley no solo es víctima del internismo de los colorados dentro del Parlamento Nacional. También el Ejecutivo debe asumir su responsabilidad en cuanto a la lentitud en ofrecer respuestas a las urgentes necesidades de la población.
Especial mención se merece el vicepresidente de la República, quien por mandato constitucional tiene entre sus deberes y atribuciones, “coordinar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo”, vale decir, en un momento crítico debería estar él impulsando los proyectos urgentes ante tamaña crisis que sufrimos. Sabemos bien que esto será imposible debido a que está concentrado en las internas de la ANR.
Este país se merece una mejor clase política y no vivir secuestrado por la politiquería.
