Como base del estudio se tomó el dictamen de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, con algunas modificaciones. El diputado Tito Ibarrola defendió el dictamen consensuado y señaló que la propuesta es una medida importante en la represión contra el narcotráfico, contrabando de armas y mercaderías. “La autoridad de aplicación será la Dirección Nacional de Aduanas”, indicó. También señaló que en caso que no se puedan escanear las mercaderías o se incumpla la norma, queda establecida la obligatoriedad de denuncia ante la Fiscalía.
Uno de los cambios del proyecto se produjo en el artículo 8, a pedido de la diputada Celeste Amarilla, y se agregó el siguiente texto: “Por el plazo de dos años se podrán instalar escáneres en zonas extraportuarias establecidas por la Dirección Nacional de Aduanas. Al cabo de dicho plazo, la implementación de los equipos se realizará en forma simultánea en los puertos de cargas contenerizados, sean públicos y/o privados. Se podrá, además, determinar zonas de vigilancia especializadas o escáneres móviles”.
