La sociedad paraguaya tiene motivos para cuestionar la recientemente sancionada ley garrote, dirigida contra las organizaciones no gubernamentales. Varios hechos prueban las intenciones de criminalizar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil, y por otro lado, la mayoría colorado-cartista y sus aliados han decidido desatender las críticas que señalan la inconstitucionalidad de varios de sus artículos. Para un país muy familiarizado con el autoritarismo, esta ley supone una confrontación al mismo sistema democrático.
La democracia se encuentra amenazada por un retorno del autoritarismo, en un proceso que se inició con un Congreso con mayoría oficialista y el progresivo copamiento de los poderes del Estado.
La mayoría colorado-cartista y sus aliados en la Cámara de Senadores impusieron recientemente el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, conocida también como ley garrote o ley antionegés. Impusieron una ley cuestionada y no abrieron la posibilidad a un debate civilizado, pero al mismo tiempo hicieron significativas excepciones al excluir del control de la ley a iglesias y partidos políticos. La ley que todavía no ha sido promulgada por el presidente no busca transparencia, sino criminalizar a la sociedad civil. Dos hechos recientes así lo demuestran.
El primero fue la alevosa filtración de datos desde la Comisión Bicameral de Investigación de Casos de Lavado de Activos, que difundió selectivamente datos sobre miembros de la sociedad civil y periodistas. El segundo hecho fue la revelación de un audio del senador colorado-cartista Gustavo Leite, en el que deja en evidencia la presión contra las oenegés, a través de la comisión garrote. Un par de días después, una publicación reveló que Leite junto a su esposa están vinculados a una oenegé que había recibido más de G. 490 millones de la Itaipú y Tabesa, y al ser cuestionado no presentó los documentos de la organización, contradiciendo así su cruzada de transparencia y encarnando la frase: “Para mis amigos, todo; a mis enemigos, la ley”.
Sin embargo, además de las presiones e incoherencias, pesan también los señalados errores por inconstitucionalidad que abundan en la ley; uno de ellos es el artículo 3 que incluye a las organizaciones sin fines de lucro que administran fondos privados, y privados internacionales, pero excluyen a los partidos políticos y la Iglesia. No se puede afectar a fondos privados nacionales o internacionales, y además se está vulnerando la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 47 de la Constitución Nacional al incluir en el control solo a algunas organizaciones.
Por otra parte, en el artículo 7 de la ley sancionada se crea registro de organizaciones y fines de lucro, y se menciona que será de carácter público y accesible a la ciudadanía mediante páginas webs. Esto no es posible, pues colisiona con el artículo 2 de la Ley 5282 “De Acceso a la Información Pública”, pues la información “no se considera pública si no proviene de una fuente pública”. Se señala también que en varios de sus artículos atenta contra la inviolabilidad del patrimonio documental y contra la protección de la intimidad de las personas establecidas en los artículos 36 y 33 de la CN.
Esta ley garrote contra las organizaciones de la sociedad civil confronta a nuestra democracia, incluso a esta democracia defectuosa que tanto esfuerzo costó construir desde la caída de la dictadura autoritaria de Stroessner. No se puede permitir que el Estado de derecho continúe en suspensión, ya que se está violando el principio de que las reglas deben ser aplicadas a todos por igual, independientemente de quiénes sean. Para preservar nuestro sistema democrático, instamos al trabajo responsable, al respeto y al diálogo, para que prevalezca solo el interés y el bienestar del país y de los ciudadanos.
