La Cámara de Diputados dio sanción al proyecto de ley que impide realizar una serie de trámites al ciudadano que no paga la multa establecida por no votar. La normativa fue derivada al Poder Ejecutivo.
Se trata del proyecto “Que modifica el Artículo 332 de la Ley N° 834/1996 Que establece el Código Electoral Paraguayo”.
Se determina una multa de G. 40.000, aproximadamente, que equivale a medio jornal mínimo, para las personas que no hayan cumplido con la obligación de votar. En el caso de no efectuar el pago, el ciudadano no podrá realizar trámites ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), retirar su pasaporte y antecedentes policiales en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, trámites ante la Dirección General de los Registros Públicos, trámites ante la Dirección General de Catastros, trámites ante la Dirección General de Registros del Automotor, trámites administrativos ante las municipalidades y gobernaciones y, finalmente, serán suspendidos los beneficios de la ley de regulación de transferencias monetarias condicionadas.
El proyecto se originó en el Senado, mientras que en Diputados fue modificado, eliminándose la suspensión de trámites y estableciendo solo la multa, pero la Cámara Alta se ratificó. Diputados necesitaba 41 votos para ratificarse, pero solo alcanzó 39, contra 27 que votaron por el proyecto del Senado y 14 ausentes. La versión de Diputados fue defendida principalmente por el cartismo, mientras que gran parte de la oposición votó por el proyecto del Senado.
Muerte Civil. La ley fue polémica por el calificativo de “muerte civil” que recibió atendiendo a la suspensión de trámites mientras la multa no sea abonada. “La Constitución establece que el voto es una carga pública y es un debate de constituyentes, y si estamos o no de acuerdo, no aplica, debemos solo cumplir la Constitución. También el Código Electoral establece que el voto es un derecho y una obligación”, defendió Sebastián Villarejo, del PPQ.
Contrariamente, el cartista Raúl Latorre pidió el rechazo, alegando que no se pueden imponer castigos y lo que se debe hacer es mejorar la representación política.
La liberal Celeste Amarilla negó que se trate de una muerte cívica, ya que no se le quita la cédula ni se manda preso al ciudadano. El oficialista Hugo Ramírez dijo que sin la suspensión de trámites, la ley es letra muerta.
El liberal Jorge Ávalos Mariño indicó que la sanción por no votar existe desde el año 1996 pero nunca se aplicó.
