Como el Senado también ratificó la sanción original, el proyecto quedó sancionado de forma integral y deberá ser promulgado por el Ejecutivo.
Fundamentalmente, esta propuesta pretende resguardar la información crediticia de las personas para que las deudas no sean impedimento para el acceso a un empleo. Es decir, prohíbe a buró de créditos, como lo es Informconf, proveer a terceros datos crediticios para cuestiones laborales.
Entre las citas más controversiales del texto, se establece que luego de cinco años, los datos que pueden afectar a la persona en este marco sean borrados.
El decreto del Ejecutivo objetaba los artículos 9, 17, 19 y 30, que indican lo anterior, bajo el argumento de que es necesario contar con los datos de las personas para el análisis de riesgo del sujeto de crédito, para la utilización por el sistema financiero y particularmente los proveedores de servicios de financiación.
Diputados como Hugo Ramírez, Derlis Maidana y Sebastián García abogaron por el rechazo al veto como una forma de restarle trabas a la ciudadanía, sobre todo ante la crisis por pandemia, de acceder a un puesto laboral, más aún ante los altos índices de desempleo y cierre de comercios que fueron revelados. “Los puntos objetados, perfectamente, se pueden subsanar con decretos. No podemos seguir soportando la exclusión financiera de la gente que perdió su empleo y que quiere enmendarse, pero no pueden, porque están en Informconf”, manifestó García.
En tanto que la diputada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla dio argumentos para aceptar el veto parcial del Poder Ejecutivo, explicando que los datos que se pretenden dejar de dar a publicidad son esenciales porque constituyen la base del sistema financiero para el estudio de riesgo crediticio.
Según Amarilla, esto podría provocar que se corten los créditos por parte de bancos y financieras. “Lo que vamos a lograr es que el sector comercial deje de conceder créditos; cuando ya no existan datos, lo que va a ocurrir es que van a cesar los créditos”, vaticinó.
Los burós de créditos no divulgarán datos de deudas vencidas no reclamadas, judicialmente, que hayan superado tres años de inscripción; deudas canceladas de manera inmediata, una vez recibida la notificación de la fuente de información, entre otros.