EFE
La ley establece que “está exento de responsabilidad penal: el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muertes”.
El ministro del Interior, Walter Albán, defendió los términos de la norma y enfatizó que “de ninguna manera” otorga una licencia para matar.
“Creo que ahora deberíamos estar muy claros en este mensaje, porque yo creo también que no debemos contribuir a que esto se pueda entender o malentender como una suerte de cheque en blanco o una patente de corso”, declaró Albán a la emisora Ideeleradio.
El ministro remarcó que se tiene que “dejar muy en claro...que este ejercicio no puede ser ilimitado y que cualquier tipo de exceso, de actuación que va al margen de lo que tiene que ver con la función regular tendrá que ser sancionado”.
El congresista de oposición Pedro Spadaro, promotor de la iniciativa, aseguró que se busca restablecer el principio de autoridad en el país, tras las numerosas denuncias presentadas contra policías y militares por parte de delincuentes y sus familiares.
“No se trata de una carta blanca para que los policías maten a los ciudadanos. Los policías y militares están formados para actuar de acuerdo con la ley, y no se debe pensar que por una ley el policía va a salir a matar a personas”, expresó Spadaro.
Sin embargo, el coordinador del área legal de la organización civil IDL, Carlos Rivera, afirmó que la norma elimina la figura del uso de armas “de forma reglamentaria”, por lo que puede dar paso a casos de impunidad.
“Me parece grave, porque el retiro de esa condición de legalidad es lo que determinaba el uso correcto, adecuado de las armas de fuego. Cuando se retira eso pareciera que el mensaje es que el uso de las armas pudiera estar fuera de los reglamentos...Eso me parece que puede dar visos de una norma que pretende impunidad”, sostuvo.
Para el representante de IDL, esa norma “puede favorecer un uso arbitrario” de las armas u otros mecanismos de defensa por fuera de los reglamentos de la Policía y las Fuerzas Armadas y agregó que los más perjudicados serán los manifestantes en conflictos sociales.
“Aquellos que sean lesionados por policías o militares que utilizan sus armas u otros medios, se van a quedar con los ‘crespos hechos’, con las lesiones y las muertes de por medio porque la ley autoriza que sean eximidos de toda responsabilidad criminal”, añadió.
El líder del movimiento izquierdista Tierra y Libertad, Marco Arana, también comentó en su cuenta en la red social de Twitter que la ley da “mayor impunidad a los policías en conflictos sociales” y se preguntó si el presidente peruano, Ollanta Humala, se prepara para una “mayor represión”.
La ley fue aprobada en junio pasado por el Congreso, pero organismos de derechos humanos y sociales esperaban que el Ejecutivo la devolviera con observaciones ante las críticas que recibió en esa ocasión.
“No entendemos las causas políticas de la promulgación. Hubiese podido ser explicable el asunto si estuviésemos en un ambiente social crispado, con manifestaciones, con una movilización social intensa... Pero no estamos viviendo ese escenario, hay un ambiente de tranquilidad social”, indicó Rivera.
Albán precisó este martes que el Ministerio del Interior se encargará de formar y capacitar a los policías para que los alcances de esta ley se entiendan de manera adecuada.
