El Poder Ejecutivo promulgó la semana pasada la ley que busca regular el uso de los celulares en instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadas, en los niveles de la educación inicial, educación escolar básica y educación media.
La normativa fue sancionada por el Congreso en noviembre del año pasado. Los proyectista fueron Patrick Kemper, del Partido Político Hagamos; Abel González, del Partido Liberal Radical Auténtico, y Stephan Rasmussen, de Patria Querida (PPQ).
El viceministro de Educación, Robert Cano, agregó sobre el punto, en un contacto con Última Hora, que el Ministerio de Educación y Ciencias ya cuenta con normas vigentes relacionadas a la regulación del uso de celulares desde el 2011.
Mediante una resolución ministerial en aquel año se establecieron normas sobre “el uso de aparatos de telefonía móvil u otros medios tecnológicos de comunicación en instituciones educativas, tanto para estudiantes como para educadores”.
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La cartera educativa consideró “importante” establecer pautas mínimas para la utilización de celulares en espacios educativos “de tal manera a que los mismos se constituyan en un instrumento para el aprendizaje”.
El documento establece que podrán ser utilizados en horas de clase y de evaluaciones, “toda vez que la planificación docente lo contemple o cuando las exigencias curriculares lo permitan”.
En caso contrario, dispone que deberá ser apagado o estar puesto en modo silencio, a fin de evitar su interferencia en el proceso de aprendizaje.
Otras de las normas es que “podrán ser utilizados en el predio de la institución escolar antes de la entrada al aula, en los recesos y en el tiempo libre, siempre que su uso no atente contra la dignidad humana”.
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Asimismo, insta a los educadores encargados del proceso de enseñanza a maximizar las potencialidades de los aparatos de telefonía móvil u otros medios con fines pedagógicos.
El viceministro de Educación, en una entrevista con Telefuturo, señaló que tras la promulgación del Ejecutivo conversarán con los directores de cada institución o sus representantes para establecer los mecanismos correspondientes, conforme a la ley.
“No va a ser una cuestión estricta en la que se va a prohibir que los estudiantes lleven (los celulares) a sus escuelas, pero sí dentro del recinto va a haber un uso regulado, de modo que no sea un elemento distractor en las clases”, remarcó.