Ambos están relacionados con las tabacaleras y tienen media sanción del Senado. El primero es el proyecto de ley que incluye a clubes deportivos y tabacaleras como sujetos obligados de control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Fue aprobado en la Cámara Alta, debido a que el proyecto original fue remitido al archivo en Diputados, donde los cartistas consiguieron apoyo de un sector oficialista y liberal.
El otro es el proyecto de ley de protocolo internacional para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, que fue adoptado en Seúl, República de Corea, en el año 2012, que establece una serie de requerimientos para el sector, y sobre todo determina la trazabilidad del producto.
La semana pasada, importantes investigadores internacionales expusieron sobre el protocolo contra el comercio ilícito de tabaco, durante un conversatorio del Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad, presidido por la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN).
El economista experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Roberto Iglesias, desmontó las excusas de la industria tabacalera que se desentiende del comercio ilícito de sus productos, alegando que desconocen lo que hacen sus distribuidores una vez efectuada la venta. Indicó que el protocolo intenta frenar esas tácticas.
Destacó que el protocolo sirve para tener los ingresos fiscales necesarios y para contar con pruebas jurídicas de que el cigarrillo fue producido por alguien. “Paraguay produce mucho más de lo que consume y hay muchos documentos que prueban esto, y que la producción de Paraguay creció con relación al consumo, y se sabe que parte de la producción de Paraguay tiene destinos para otros países, también investigué y no figuran como exportaciones legales”, aseguró.