Las acciones judiciales se suman a las más de mil demandas que ya se realizaron, por despidos de funcionarios de diversos estamentos estatales desde que asumió el actual Gobierno. Según Mongelós, solo las 19 demandas que hoy se presentan significan, en conjunto, G. 1.000 millones en indemnizaciones.
El pedido es por nulidad de los despidos, pago de salarios caídos y reposición en sus puestos de trabajo.
Mongelós resaltó que la gravedad del caso radica no solo en la persecución política denunciada, sino en el hecho de que existen jurisprudencias que señalan que, con una antigüedad de 6 meses, los funcionarios, sean contratados o no, pueden ser despedidos solamente después de un sumario administrativo.
El abogado refirió tener información de que, hasta la fecha, se dieron más de 9.000 despidos injustificados, que necesariamente irán a parar a los tribunales.