Utilizando una entrada alternativa para evitar a la prensa, el diputado colorado Tomás Rivas fue ayer al despacho de la jueza Letizia Paredes para su audiencia de imposición de medidas en el proceso por supuesto pago de salario a sus caseros con dinero público. Fue beneficiado con libertad ambulatoria.
El juzgado determinó que Rivas, del movimiento Honor Colorado, tendrá prohibición de salir del país, de cambiar de domicilio y la obligación de comparecer una vez al mes ante el Juzgado. Además, se le impuso una fianza real de 74 millones de guaraníes.
“Mi cliente se ha puesto a disposición del juzgado como es su obligación. Ahora existe una figura de la suspensión de la prisión preventiva por la adopción de medidas menos gravosas debido a la nueva ley aprobada. Hemos presentado una serie de documentos que garantizan el arraigo y su disposición a los mandatos con respecto al proceso”, explicó el abogado Jorge Bogarín, que representa legalmente al parlamentario.
Sobre la restricción impuesta a su cliente, de prohibición de salir del país, aclaró que Rivas no está totalmente impedido de realizar. “No es que no pueda salir, sin autorización del juzgado; por razones de salud o de sus funciones, se solicita”, agregó.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppRivas está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, luego de un artículo publicado el 22 de febrero de 2017 en el diario Última Hora, donde se revelaba que supuestamente el diputado pagaba a sus caseros Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco con dinero de la Cámara de Diputados.
CHICANAS. El diputado se resistió por un año, pero finalmente solicitó, el 22 de mayo pasado, que le despojen de sus fueros.
Luego de un año y dos meses de que el fiscal haya presentado imputación recién pudo llamarlo a indagatoria.
Desde que inició su proceso el diputado planteó una serie de chicanas dilatorias en contra del acta de imputación, de la providencia que le llamaba a audiencia de imposición de medidas, en contra del llamado por parte del Ministerio Público para que cuente su versión e incluso de la comunicación del juez a la Cámara Baja para el desafuero.
JUICIO ORAL. Nery Franco, Lucio Romero y Reinaldo Chaparro, dos de los supuestos empleados de Rivas, irán a juicio oral por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso luego de la decisión adoptada por la jueza Letizia Paredes, también, tras una serie de chicanas.
Los tres tienen medidas alternativas a la prisión.
El informe técnico de los investigadores sostiene que ninguno estuvo en la Cámara de Diputados, ni siquiera en el microcentro asunceno, durante los días en que el diputado Rivas participó en sesiones ordinarias y extraordinarias en el recinto parlamentario, entre julio de 2016 y marzo de 2017.