A medida que corren los días, van saltando más particularidades con respecto al operativo Facturación 2, donde se detectó un nuevo esquema de megaevasión y daño patrimonial al erario público mediante el uso de facturas falsas por USD 25 millones. Están implicados 17 municipios y 1 gobernación, quienes habrían justificado gastos irregulares por USD 8,3 millones.
Según los reportes elaborados por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), los millonarios proveedores están lejos de ser justamente eso, millonarios. Muy por el contrario, viven en humildes residencias y llegan a fin de mes con los cinturones bastante ajustados.
Es que las investigaciones detectaron que habrían sido responsables de unas 57 facturas por valor de G. 26.698 millones (USD 3,9 millones) un limpiavidrios, quien también trabaja como cuidacoches, y varios docentes, quienes, con suerte, tienen ingresos que llegan a los G. 3,5 millones.
Las empresas de maletín dirigidas por estas personas actuaron como intermediarias ante la gobernación y los municipios implicados. Supuestamente, estas compañías eran subcontratadas por la superproveedora adjudicada para hacer las obras y los servicios de mantenimiento, pero las personas citadas en el párrafo anterior se desligaron del caso y denunciaron que sus nombres fueron utilizados.
A estas particularidades, se suma el caso ya publicado días pasados acerca del octogenario que es dueño de la empresa superproveedora, responsable de la emisión de comprobantes apócrifos por G. 57.000 millones. Se llama Cristino Jara, era chofer de colectivos, vive en Itá y el nombre de la compañía es Consultora San Miguel. Como se ve en la fotografía, vive en una pequeña casa, donde incluso funciona un salón de belleza.
EL CASO. La SET denunció este miércoles ante la Fiscalía los resultados del operativo denominado Facturación 2, donde se detectó un nuevo esquema de utilización masiva de facturas falsas por valor USD 25 millones. De ese total, USD 8,3 millones involucran a 17 municipios y 1 gobernación.
Según explicó el viceministro de Tributación, Óscar Orué, el caso afecta a 1 superproveedor, 16 otras grandes empresas y 100 pequeñas compañías. Son 1.607 los comprobantes apócrifos utilizados, entre 2018 y 2020.
Como el proveedor de estas instituciones se dedica al rubro de la construcción, pero no fue adquirido un solo ladrillo ni se contrató a un solo obrero, la sospecha apunta a que las facturas falsas se usaron para justificar obras que nunca se hicieron.
Las municipalidades afectadas por este operativo son: San Roque González, Ypacaraí, Mbuyapey, General Patricio Escobar, Mbocayaty Del Yhaguy, Yaguarón, Villeta, Tebicuarymí, Santa Rosa (Misiones), San Alberto, Pirayú, Juan de Mena, Jesús de Tavarangüé, Guarambaré, Itauguá, Isla Pucú y Fernando de la Mora.
De estas 17, en 6 localidades fueron reelectos los intendentes salpicados por el caso: Óscar Alberto Alfonzo (ANR), de San Roque González; Fernando Negrete Caballero (PLRA), Ypacaraí; Luis Gilberto Rodríguez (PLRA), Yaguarón; Teodosio Romilio Gómez (PLRA), Villeta; Carlos Alberto Ramírez (ANR), de San Alberto; y Alcides Ramón Riveros (PLRA), Fernando de la Mora.
Por su parte, la gobernación afectada es Cordillera, cuya autoridad máxima es Hugo Fleitas (PLRA).
- 3,9 millones de dólares supuestamente facturaron un limpiavidrios y varios docentes a la superproveedora.
- 8,3 millones de dólares en facturas falsas utilizaron 17 municipios y 1 gobernación para justificar sus gastos.