El fiscal Joel Cazal imputó este lunes por tráfico de influencias y extorsión al abogado Farid Gustavo González, esposo de la jueza de Central Norma Salomón, por lo que la magistrada está en el ojo de la tormenta.
Precisamente, en las declaraciones juradas presentadas por la jueza se pueden observar inconsistencias llamativas. La magistrada declaró sus bienes en el 2013 y en el 2019, según los registros de la Contraloría General de la República.
DEVALUACIÓN
En su primera declaración jurada presentada en el 2013, la jueza Norma Salomón declaró ser poseedora de cinco inmuebles, de los cuales cuatro figuran en condominio. Se trata de cuatro propiedades ubicadas en San Lorenzo y una en Fernando de la Mora.
Lo que llama la atención es que en su primera declaración la misma refiere que los terrenos estaban valuados entre G. 60 millones y 150 millones y todos contaban con una inversión promedio de G. 300 millones en superficie construida.
En sus últimas declaraciones presentadas en el 2019, la jueza presentó la misma cantidad de inmuebles, la mayoría como herencia y condominio, pero llamativamente todos los terrenos estaban valuados en G. 50 millones y figuraban con una inversión cero en cuanto a superficie construida.
En lo que respecta a su patrimonio neto, la jueza de Central declaró en el 2013 que este ascendía a G. 613.750.000, mientras que en el 2019 lo declaró en G. 718.000.000. Haciendo comparaciones, si los inmuebles no se devaluaban, el patrimonio de la magistrada sería de unos G. 2.000 millones, casi 300 por ciento más que seis años antes.
DEUDAS SIN PAGAR
En el 2019, la magistrada, cuyo esposo fue imputado por supuestamente pedir dinero en su nombre, presentó dos declaraciones ante la Contraloría. Una de ellas fue con fecha 21 de agosto y una actualización la hizo el 24 de octubre.
Comparando los datos entre ambas declaraciones, se puede observar que la magistrada declaró adeudar la misma cantidad de cuotas que había manifestado dos meses antes. Es decir, según su declaración, no pagó sus deudas durante 60 días.
En la documentación presentada el 21 de agosto del 2019, la magistrada declaró como pasivo una deuda de G. 10 millones en un banco de plaza, la cual debía abonarse en 10 cuotas de G. 500.000, así como dijo adeudar 47 cuotas de 3.000.000 a una concesionaria y 12 cuotas de 4.800.000 a una cooperativa. Dos meses después, los montos declarados fueron los mismos.
OSTENTABAN
Tras la detención e imputación de Farid Gustavo González, en redes sociales empezaron a circular fotos de la pareja en las que ambos ostentaban sus viajes a distintas partes del mundo.
El ministro Eugenio Jiménez dispuso una auditoría al Juzgado de la magistrada Norma Salomón.
También pide un sumario administrativo al abogado detenido el sábado pasado, con el fin de determinar si existieron faltas administrativas que ameriten una sanción disciplinaria (ver recuadro).
Ordenan auditar a la magistrada Salomón
El ministro Eugenio Jiménez, superintendente de la Circunscripción de Central, ordenó la auditoría de reacción inmediata a la jueza de Garantías 1, de Capiatá, Norma Salomón, cuyo esposo Farid Gustavo González fue imputado por presunta extorsión y tráfico de influencias.
Paralelamente, el ministro Jiménez solicitó al presidente de la Corte Suprema un sumario administrativo al abogado Farid González, para “determinar la existencia o no de hechos que pudieran configurar faltas administrativas, y que, eventualmente, ameriten la aplicación de alguna medida disciplinaria”.
En el caso, el abogado fue imputado porque supuestamente pidió la suma de G. 30 millones para que una resolución saliera en favor de un procesado ante la jueza Salomón, su esposa.
Le detuvieron en un operativo encubierto tras recibir la suma de G. 13.800.000, que le dio la denunciante.
El domingo fue favorecido con el arresto domiciliario a pedido del fiscal Joel Cazal, por parte de la jueza Rossana Diana Carvallo, que solo admitió el cargo de extorsión.
El caso quedó con su colega Cinthia Lovera, quien remitió el caso al Juzgado Especializado de Delitos Económicos y Anticorrupción de turno, ya que la imputación también es por presunto tráfico de influencias.
Ahora, el Juzgado de Delitos Económicos deberá resolver si admite la causa o se declara sin competencia. Si se queda con el caso debería también admitir la imputación fiscal en la que podría citar los dos delitos, con lo que le debe citar para imponerle medidas por tráfico de influencias.
