La Cámara de Senadores aprobó la semana pasada un proyecto de ley que obliga la instalación de escáneres en todos puertos utilizados para la salida de contenedores. Esto con el objetivo de controlar y detectar cargas de productos prohibidos entre las mercaderías que salen del país.
Pareciera ser la solución más apropiada para combatir el narcotráfico desde los puertos locales y para que el país ya no siga siendo utilizado como centro de libre tránsito de productos prohibidos.
La ley establece que una vez sancionada y reglamentada la normativa, la Dirección Nacional de Aduanas tendrá un año de tiempo para adquirir los citados equipos.
La propuesta legislativa pasa ahora en la Cámara de Diputados y habrá que ver cuánto tiempo se demora la Cámara Baja en estudiar y sancionar la ley. En caso de que el proyecto sea modificado en Diputados todo el proceso se alargará y, en ese caso, se tendría sancionada la normativa hacia finales del tercer trimestre.
Una vez sancionada y promulgada la ley empezará el debate sobre los recursos necesarios para adquirir los equipos que, según sondeos preliminares, tendrían costos estimados de 3 millones de dólares cada uno.
Lo más seguro es que la Aduanas no tiene presupuestado la adquisición de estos costosos equipos, por lo que se deberá realizar reprogramaciones administrativas para incluirlo. De no ser posible estos se debe apelar a una ampliación del PGN (Presupuesto General de la Nación) y eso nuevamente llevará un tiempo prudencial.
Para la compra de dichos equipos será necesario realizar una licitación, que respetando los procesos normales y si no hay incidentes o protestas, demandan por lo menos unos tres meses.
Considerando las posibles situaciones que se irán presentando en el proceso de compra de los escáneres, se puede estimar que esto será realidad, en el mejor de los casos, ya para el año entrante.
Según la Aduanas, existen por lo menos 35 puntos o puertos utilizados para la salida de mercaderías al exterior, pero son 17 los más utilizados para el envío de productos en contenedores. Vale decir, esa es la cantidad mínima de escáneres que se necesitan para realizar un control sobre el tráfico ilegal de drogas por los puertos del país.
La Aduanas adelanta que la compra de los equipos no es tan sencillo, pues se deben solicitar con anticipación, ver los precios y la disponibilidad de los escáneres. Una vez realizado todo el trámite licitatorio aún quedan procesos administrativos como los adelantos a la empresa adjudicada, la importación o ingreso de los equipos al país, ver la ubicación más apropiada y la capacitación de los funcionarios para operar los equipos.
Siendo optimistas estos equipos estarían listos y funcionando, por lo menos en los principales puertos dentro del primer semestre del 2023.
No hay que olvidar que el año entrante se realizan las elecciones presidenciales y el gobierno saliente toma solo las decisiones más urgentes y los casos delicados normalmente ya deja a cargo del Equipo de Transición o para cuando asuma el nuevo mandatario.
Mientras tanto el control de los contenedores seguirá haciéndose de manera habitual y es posible que sigan dándose casos de envíos de drogas desde los puertos paraguayos, ya sean estos privados o estatales.
La experiencia reciente en el uso de los escáneres no es muy alentador. Durante gobiernos anteriores se adquirieron uno o dos equipos, pero arrojó escasos resultados en lo que hace a la detección del tráfico de productos prohibidos.
Además, la poca experiencia de los funcionarios en el manejo de los equipos hizo que estos rápidamente se hayan descompuesto o ya operaban con fallas, sin descartar tampoco posibles sabotajes.
Se mencionó también en su momento el mal cuidado de los escáneres y al ser expuestos a la intemperie sufrieron daños que prácticamente invalidaron los equipos.
La intención de los legisladores es contar con los equipos en el menor tiempo posible para que sean utilizados en un combate efectivo al tráfico de drogas, pero habrá que ver si en realidad cuánto tiempo demora la puesta en funcionamiento de estos equipos y la designación de funcionarios honestos y capaces.
