El abrupto anuncio del cese de la cooperación directa entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense sorprendió a todos, empezando por los integrantes del propio gobierno, que cayeron en mil contradicciones. Mientras discutían entre ellos sobre quién tomó esa decisión, llegó la dura respuesta de los Estados Unidos avisando que retiraría sus recursos donados a la Senad y cortaría la cooperación en la lucha antidrogas. Paraguay tuvo que retractarse recurriendo al increíble argumento que desconocía la existencia de un memorándum de entendimiento firmado en 2022. ¿Qué oculta todo esto? Imposible no pensar como el Washington Post: la intención de evitar que la DEA siga investigando a políticos de un gobierno infestado por el narcotráfico.
El segundo caso es el de la fallida subasta de las seis hectáreas de la Costanera por parte de la Municipalidad de Asunción, a la que solo acudieron tres oferentes que no mostraron interés. Fue la consecuencia de un proceso apresurado y repleto de improvisaciones. La convocatoria se hizo antes que se defina el uso de suelo, lo cual recién ocurrió hace unos días; uno de los terrenos se inunda con cada lluvia y no se definió en detalle cómo se empleará el dinero producto de la venta.
La Municipalidad ignoró las críticas provenientes de organizaciones de la sociedad civil y siguió adelante hasta darse de narices con este bochorno. ¿Qué oculta todo esto? Imposible no desconfiar de que el apuro por vender las tierras responde a la necesidad imperiosa de obtener plata para pagar parte de la monstruosa deuda que la administración de Nenecho lega a los asuncenos y que, al declararse desierto el remate, se abre la puerta para reducir mucho más el precio base y hasta, incluso, llegar a una venta directa.
El tercer caso es el de la reunión del pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizada en Asunción por la Seprelad y que fue financiado por aportes privados. En una cena del evento fueron vistas como invitados figuras vinculadas a personas y empresas sospechosas de lavado de dinero. Al ser consultada sobre el origen de los fondos, la titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, declaró que no estaba obligada a proporcionarlos.
Esto no sería un escándalo si no fuera que se trata de Gafilat, una institución extremadamente sensible a cualquier sospecha de falta de transparencia. Ahora el secretismo de Alcaraz la deja expuesta a pedidos de informes y que haya diputados comentando “Es como si los abigeos aportasen a la cena de la Asociación Rural del Paraguay”. ¿Qué oculta todo esto? Imposible dejar de vincular estos descuidos a la llamativa disminución de las actividades de la Seprelad desde hace un año, evidenciada estadísticamente en la reducción del número de sus informes de inteligencia con respecto a periodos anteriores.
El cuarto caso es el de la votación de los senadores cartistas y satélites al aprobar la ridícula ley que burocratiza la inscripción de paraguayos residentes en el exterior. Estos compatriotas pueden votar luego de la enmienda constitucional conquistada vía referéndum en 2011. La modificación planteada anulará la posibilidad de inscripción vía web, lo que será un obstáculo para ciudadanos que deberán concurrir personalmente a oficinas consulares, muchas veces lejanas de las ciudades donde viven. Esta ley es vista por miles de paraguayos residentes en Argentina, Brasil, España y Estados Unidos como un retroceso en sus derechos en la inscripción y la participación electoral. ¿Qué oculta todo esto? Imposible no ver en esta mutilación de derechos una estrategia cartista para restringir el voto en el extranjero, mayoritariamente opositor.
Ya lo ve, detrás de cada papelón, hay un interés oculto que lo explica.
