Dinero hay, y mucho. Se entregaron ya a Salud 100 millones de dólares (de un total de 500 millones de dólares). Demasiado para que los corruptos de siempre, los eternos contratistas del Estado, por esta vez, dejaran de atragantarse con ganancias inmorales por razones humanitarias.
Sí, como los buitres, que hacen un festín con la muerte.
El primer escándalo saltó en la Dinac, acusada de sobrefacturar tapabocas. El caso fue apenas la punta del iceberg que reveló un esquema de empresas de maletín, conformadas para ganar licitaciones. Hoy está bajo sospecha cuanta contratación hizo Édgar Melgarejo, quien tuvo que renunciar al cargo a pesar del indisimulado apoyo del primer anillo palaciego, que no resistió la presión popular. “Se denuncia que hay un grupo de personas que se encargan de montar toda esa logística para facturar, el grupo estaría conformado por Édgar Melgarejo, Raúl Silva, Gerardo Peyrat y Esteban Peyrat”, escribió el diputado Carlos Rejala a través de sus encendidas redes sociales.
Cuando aún humeaba en el horizonte el escándalo aeroportuario, saltaron denuncias contra Petropar por supuestas sobrefacturaciones de tapabocas, termómetros y ¡agua tónica! Patricia Samudio, la funcionaria que pisa fuerte en Palacio, debe dar explicaciones a la Fiscalía tras las denuncias de un grupo de diputados. Las mismas sospechas sobrevuelan sobre la Policía Nacional y la Universidad Nacional de Asunción.
Buscando apagar el fuego, el presidente Mario Abdo Benítez apeló a su ministro más creíble para bajar el tono de las denuncias. Julio Mazzoleni tuvo que dar la cara y sacar las castañas del fuego: las compras fueron “un pedido de Salud”, dijo, sin convencer mucho.
La semana deja una moraleja: los radares de la ciudadanía están en modo Gran Hermano y no está dispuesta a tolerar hechos de corrupción. El affaire de la Dinac se reveló en las redes sociales, una poderosa herramienta que cada vez influye más, cuyo efecto provocó la caída de un alto funcionario. Y van por más.
FIELES A SÍ MISMOS. Mientras tanto, los intendentes ratificaron una vez más por qué perdieron credibilidad y confianza de la ciudadanía. Plantearon a Hacienda postergar la presentación de los informes de rendición de cuentas “con el fin de agilizar la transferencia de los recursos provenientes de Fonacide y royalties”. El Fisco les dijo no y el contralor consideró alarmante la intención de los jefes comunales.
PARLASUR. En medio de la fiebre del tijerazo, al Parlasur le llegó su hora. El Senado decidió eliminar las elecciones para elegir representantes en el 2023. Eso significa que los 18 actuales siguen hasta finalizar el mandato, pero ya se dibujan proyectos para reducir el alto costo de un organismo cuyas decisiones no son vinculantes. La decisión tuvo mayoría calificada: 35 votos.
TIJERAZO A LOS PRIVILEGIOS. El viernes el Senado vivió una histórica sesión virtual en la que decidieron recortar los gastos superfluos del Estado. Empezando con un tope salarial: nadie ganará más que el presidente de la República (G. 37 millones), una decisión que alcanza a las binacionales Itaipú y Yacyretá, donde ya alistan armas para la batalla judicial. El proyecto, que aún espera la decisión de Diputados, elimina privilegios como seguros médicos vip, viajes, bocaditos, presentismo, bonificaciones, nepotismo y otras aberraciones que infectan la administración pública hace décadas.
Esta decisión no hubiese sido posible sin la pandemia que pone contra las cuerdas al Estado en todas sus formas y deformas. El número de votos es la prueba: 41 apoyaron los recortes, 3 dijeron no: Galaverna, Monges y Silvio Ovelar, este último convertido en una especie de Judas Kái pandémico por el millonario monto que su familia acumula mensualmente gracias al modelo prebendario y clientelar. Muchos otros que también tienen las mismas culpas hicieron acto de contrición y apoyaron sin más la ley. Un político astuto es aquel capaz de comprender la gravedad de los tiempos y actuar en consecuencia, aunque sean adjetivados como hipócritas u oportunistas.
Los recortes son una herida de muerte para ese modelo de Estado prebendario, corrupto y clientelar. Sin embargo, si se pretende un país más justo, más equitativo, menos desigual, no hay otro camino que una nueva estructura impositiva que obligue a tributar más a otros sectores como los agroexportadores y las tabacaleras. Es una ilusión creer que estos recortes son suficientes para mejorar sustancialmente la calidad de la salud pública y la educación. Dos áreas que merecen toda la atención pospandemia.
Con base en estos hechos se podría decir que fue una semana positiva. Una ciudadanía hastiada que está alerta, denuncia y exige cabezas, un Congreso alejado de la sociedad que hoy se amolda a las exigencias y un Gobierno que se ve obligado a dar cuentas de sus actos.
Mario Abdo debe ser más duro en su mensaje y castigar sin titubear demasiado a quienes buscan lucrar con los fondos de la pandemia. Construyó un capital importante en el área de la salud. Le falta liderazgo anticorrupción. Por ello, no debe minimizar las denuncias, no debe proteger a sus amigos por más que los montos sean pequeños (Melgarejo cayó por una compra que no llega a G. 120 millones, una ínfima suma comparada con los millones de dólares en juego). Es la prueba de la irritación social. Si no logra construir credibilidad en esta materia, puede poner en riesgo lo que logró hasta ahora.
No es para cantar victoria. Hay que permanecer alertas, sin tregua, exigir rendición de cuentas, obligar a la transparencia y forzar los castigos.
Porque los zorros no duermen, y cuando se ponen de acuerdo, hay matanza en el gallinero.
