Los tan anunciados 100 días de gobierno del colorado cartista Santiago Peña se cumplieron este jueves, en medio de una serie de medidas y decisiones tomadas en el ámbito político y económico, dejando prácticamente de lado el aspecto social.
Pese a una aparente crispación dentro de su movimiento Honor Colorado y la supuesta instalación del “peñismo”, el mandatario aún se muestra fiel a su líder político y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.
Estos son los 10 hechos más resaltantes que marcaron los primeros 100 días de la administración de Santiago Peña:
1- Creación del Ministerio de Economía
Una de las primeras medidas adoptadas del economista tiene que ver con el aspecto económico y organizacional de la administración pública, ya que incluso antes de asumir la presidencia impulsó la creación del Ministerio de Economía y Finanzas.
Esta institución tiene como finalidad “la planificación, coordinación y conducción de una política sostenible para el Estado”, según se estableció en el proyecto de ley para su creación, que fue sancionado el 14 de agosto pasado, a solo un día de jurar al frente del Ejecutivo.
En tanto, la aprobación generó una discusión en el ámbito político y en la ciudadanía, ya que se plantearon preocupaciones sobre la premura con la que se llevó a cabo el proceso legislativo.
Varios parlamentarios manifestaron que, ante la rapidez con la que se estaba aprobando, existía una posible falta de análisis y debate suficientes sobre la asignación de recursos, la estructura organizativa y las implicaciones que podría traer la institución.
Santiago Peña, quien jugó un papel preponderante para esto, pese a las críticas, decidió promulgar a las apuradas la ley el pasado 23 de agosto, quedando unificadas la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas. Como ministro designó a Carlos Fernández Valdovinos.
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2- El conflicto de la hidrovía y el cruce entre Paraguay y Argentina
En apenas su tercer día de gobierno, Peña ya afrontaba una tensión en torno a la hidrovía Paraná-Paraguay ante el cobro unilateral y arbitrario que decidió establecer el país vecino en el paso fluvial, afectando al comercio del país.
La problemática se intensificó el 23 de agosto cuando Paraguay, tras una reunión entre ambas partes, anunció que el gobierno vecino suspendería el cobro del peaje, pero poco después autoridades argentinas salieron al paso y desmintieron a Paraguay.
Esto generó aún más fricciones entre ambos países y la disputa se fue agudizando, incluyendo un impasse por el incumplimiento de la Argentina sobre un pago a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que Paraguay le reclamaba.
El 8 de setiembre, luego de la primera reunión del Equipo Económico Nacional (EEN), el presidente paraguayo ofreció una rimbombante conferencia de prensa en la que anunció medidas de represalia contra la Argentina.
Dijo que Paraguay comenzaría a retirar el 100% de su energía de la central hidroeléctrica, pero esto finalmente no ocurrió, ya que días después reculó e informó que la energía quedaría en 90% para el vecino país y 10% para Paraguay, pese a la falta de pago.
Para el 13 de setiembre, la Secretaría de Energía de Argentina alegó que Paraguay había reconocido el derecho argentino a cobrar el canon, pero esto también provocó una reacción inmediata por parte de Paraguay, que negó el caso y reafirmó su posición.
En medio de todo el conflicto, que aún no fue desactivado hasta ahora, Peña y el ministro argentino Sergio Massa, quien actuó como vocero, se vieron envueltos en un cruce de declaraciones públicas.
Entre los dimes y diretes, Peña sostiene que el peaje es injusto y perjudica económicamente a Paraguay, mientras que Massa defiende la postura argentina, alegando que se realizaron obras en la hidrovía, por lo que el cobro supuestamente corresponde.
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3- Convenio con la UE: El discurso electoralista que al final se enterró
Otro de los hechos que generaron polémica a nivel nacional fue el proyecto de ley que pretendía derogar el convenio con la Unión Europea (UE), mediante el cual se accedían a recursos internacionales para beneficio de la educación paraguaya.
Como un discurso electoralista para captar votos, Peña se mostró a favor de los autodenominados provida y profamilia, quienes pedían que el convenio quede sin efecto, ya que supuestamente incluía “ideología de género”.
Su postura ganó apoyo entre ciertos sectores conservadores, generando expectativas sobre la derogación del acuerdo, pero llamativamente esa promesa quedó enterrada, luego de que el Senado rechazara el proyecto para derogar el documento.
La decisión representó un giro inesperado y una reculada significativa para Peña, dejando en evidencia la discrepancia entre su discurso populista y su incapacidad para materializar lo prometido.
En tanto, el gobierno alegó que no se derogó el documento porque se concretaron notas reversales, con las que sustituyeron la palabra “transformación” e incorporaron artículos de la Constitución Nacional. Además, aseguran que los fondos ya no serán usados para alimentos ni kits escolares.
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4- Hernán Rivas y su fuerte blindaje del cartismo
Una gran polémica suscitó nuevamente este año en el ámbito político y judicial el caso del senador Hernán Rivas, quien ya en el 2020 había sido denunciado por su dudoso título universitario como abogado.
En aquel periodo, había sido electo para ser parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y esto desató sendas críticas. Pese a esto, tras ser electo senador en los últimos comicios presidenciales, volvió a ser elegido como representante del Senado ante el JEM,
En medio de la problemática, el blindaje del cartismo y el apoyo de Santiago Peña permitieron que se aferre al cargo en principio, pero los cuestionamientos que no cesaban hicieron que finalmente se vea obligado a renunciar.
El senador, mientras la Fiscalía sigue investigando sus documentaciones, ha encontrado respaldo al 100% por parte del cartismo y hasta del JEM, lo que ha intensificado las críticas sobre la imparcialidad del sistema judicial.
El presidente Santiago Peña, al ser consultado sobre el caso, se mantuvo cauteloso, pero intentó defenderlo en medio de la polarización política que rodea el caso, afirmando que no puede basar sus decisiones en meras percepciones.
En medio del escrutinio público y aún en el ojo de la tormenta, Peña reveló su apoyo a Rivas tras mostrarse compartiendo, junto con otros políticos de la misma nucleación política, un partido de fútbol con el cuestionado legislador.
Las voces de la oposición permitieron dar eco de la indignación ciudadana, criticando la integridad del sistema judicial y exigiendo transparencia en la investigación de las acusaciones contra el parlamentario.
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5- Desvinculados de Itaipú: Un revanchismo político con nueva reculada
Un hecho que motivó movilizaciones y reacciones ciudadanas fue la desvinculación de unos 187 empleados de la Itaipú Binacional el 12 de octubre pasado, cuando la entidad anuló un contrato que fue calificado de irregular.
Los afectados reclamaron cerca de 30 días que se revea caso por caso y esto desencadenó un clima de revanchismo político, ya que una gran parte de la ciudadanía percibía que las decisiones estaban influenciadas por motivos políticos más que por cuestiones laborales.
Las calles se convirtieron en escenario de protestas, donde los trabajadores expresaron su indignación ante lo que consideraban una injusticia. Lamentablemente, en medio de las manifestaciones fueron reprimidos y esto intensificó aún más el conflicto social.
En tanto, tras esos días de lucha y presión por parte de los afectados, además de la opinión pública, el Gobierno dio marcha atrás a su decisión y accedió a reincorporar a los empleados despedidos.
Dicha reculada arrancó el 3 de noviembre, cuando Santiago Peña solicitó a la Itaipú estudiar cada caso y aseguró que se buscará hacer “justicia” con quienes por mérito lograron acceder a la hidroeléctrica.
La decisión finalmente se materializó el 9 de noviembre, pero hasta el momento un total de 20 personas no fueron reincorporadas y ya anunciaron una denuncia contra la binacional.
Este conflicto interno se convirtió así en un hito en la era democrática del país. Así lo describió uno de los voceros de los despedidos, quien afirmó que para ellos quedará marcado aquel día en que fueron reprimidos por agentes de la Policía Nacional.
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6- Bajó el combustible: Quizás lo mejor de su gobierno hasta ahora
Hasta el momento, una de las pocas medidas que fueron celebradas por la ciudadanía fue la reducción de los combustibles que comercializa Petróleos Paraguayos (Petropar), marcando un efímero hito en la gestión de Santiago Peña.
Una primera baja se dio el pasado 23 de agosto, cuando se redujeron los precios de todos los tipos de combustibles, tanto del diésel como de la nafta, además del gas de uso doméstico, aunque esto no fue suficiente para la carga económica que atraviesan los paraguayos.
Seguidamente, solo el 20 de noviembre último, en busca de cumplir lo prometido, de reducir los costos en sus primeros 100 días, Peña anunció que decidió bajar en G. 250 todos los tipos de nafta, pero mantener los costos del diésel y el gas de uso doméstico.
Lea los detalles sobre ambas reducciones
7- Proyecto de PGN 2024 se desinfla tras presión ciudadana
El pasado 31 de agosto, el Poder Ejecutivo, liderado por Peña, presentó al Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, el cual incluía una serie de aumentazos para legisladores y altos funcionarios, mientras se percibía una falta de beneficios para la población en general.
Esto hizo que la propuesta desate una amplia discusión y una reacción negativa por parte de la ciudadanía. La presión hizo que finalmente el proyecto experimente modificaciones y la propuesta inicial se desinfló, dejando de lado los aumentos.
El Senado ya estudió cuatro versiones del proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2024.
Foto: @SenadoresPy
Para el 13 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, pero excluyó los aumentazos propuestos para el Congreso y el Ejecutivo, mostrando una adaptación a las demandas populares.
Este mismo jueves 23 de noviembre, el proyecto sigue en estudio legislativo, pero ahora en manos de la Cámara de Senadores. No se descarta que se incluyan más modificaciones en ese tramo.
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8- Crisis constitucional con arremetida para que jure Alicia Pucheta
Una crisis constitucional desató el mismo Santiago Peña el pasado 27 de octubre, tras dar un aviso de imprevisto sobre la nueva designación que preparaba para el Consejo de la Magistratura (CM), en reemplazo del actual representante del Ejecutivo, Enrique Kronawetter.
El mandatario anunció que remitiría al Senado el acuerdo constitucional para que jure en el cargo la ex ministra de la Corte, Alicia Pucheta, afín a Horacio Cartes y a quien Peña mencionó desde el inicio de su gobierno.
Sin embargo, la principal sorpresa se dio en el plazo, ya que según los cartistas el periodo de Kronawetter, designado en el gobierno de Mario Abdo Benítez, ya estaba por fenecer, mientras que Kronawetter y varios referentes políticos sostienen que su mandato vencería recién en 2026.
Tras días de debate público, a últimas horas de la noche del último lunes 20 de noviembre, se dio a conocer un decreto del mandatario por el cual oficializaba en el cargo a Pucheta y la Cámara de Senadores rápidamente convocó a su juramento.
El evento estaba marcado en el primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara Alta de este último miércoles, pero senadores opositores decidieron no participar a fin de dejar sin cuórum la plenaria y evitar el juramento.
Sin embargo, el titular del Senado, el cartista Silvio Beto Ovelar, como una nueva jugada de su núcleo político, convocó a una extraordinaria pocas horas después, donde finalmente lograron que Alicia Pucheta jure en el cargo.
El juramento se realizó en medio de un bochornoso momento, debido a que los opositores, portando incluso carteles, protestaron en la sala de sesiones, se mantuvieron a los gritos de “violación a la Constitución” y algunos incluso se agarraron a empujones.
De esta manera, la ex ministra de la Corte Suprema de Justicia se une al controvertido fenómeno del copamiento cartista de las instituciones. Tras jurar, ya fue presentada en el Consejo de la Magistratura y participó de la elección de ternas para juzgados y tribunales especializados en Delitos Económicos y contra el Crimen Organizado.
Entre los ternados está el papá de Óscar Nenecho Rodríguez, además de un pariente del también miembro del Consejo de la Magistratura, Jorge Bogarín, y la nieta del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Bajac, quien fue condenado por coima a tres años de prisión.
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9- Barchini, el ministro que sigue en el ojo de la tormenta
Toma de Tacumbú: En estos 100 días del nuevo Gobierno, también se desató una nueva crisis penitenciaria que tuvo como desencadenante al mismo ministro de Justicia, Ángel Barchini, luego de haber señalado que un policía fugado del penal de Tacumbú fue asesinado por miembros del clan Rotela.
Tras esto, internos de dicho grupo criminal, liderados por Armando Javier Rotela, tomaron el control del penal el pasado 10 de octubre y agarraron de rehenes a una veintena de guardiacárceles y mujeres.
Las declaraciones de Barchini ya habían desatado manifestaciones tanto dentro como fuera del centro reclusorio días anteriores, lo que se logró apaciguar tras conversaciones entre las autoridades y los internos.
En tanto, la tensión retornó de nuevo cuando familiares de los reos se manifestaron para exigir la presencia del ministro en las afueras del penal, mientras los internos protagonizaron un motín adentro y pedían el ingreso de los medios de comunicación para dar a conocer un video que demostraría que el uniformado sí se dio a la fuga.
El ministro de Justicia, Ángel Barchini, quedó en offside y se llamó a silencio, luego de que los internos difundieran el material donde el suboficial Oliver Daniel Lezcano aclaró que logró fugarse de Tacumbú y que estaba vivo.
Aunque el Ministerio de Justicia informó poco después que la situación en el penal “está en calma y bajo control”, a través de imágenes aéreas se observaba que varias personas privadas de libertad estaban en el techo de la cárcel.
Los reos caminaban tranquilamente observando todo desde las alturas y a algunos se los observaba incluso vestidos con uniformes de los guardiacárceles y portando armas de fuego.
Aunque el ministro declaró que los clanes no le van a “manejar la agenda” y que la prioridad para el Gobierno es garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, así como la seguridad, la toma se disolvió luego de una reunión entre las partes.
Para el 28 de octubre, el Ministerio de Justicia anunció que se dispuso la apertura para recibir nuevos internos en el penal, que estaba cerrado por hacinamiento. Esta era una de las exigencias del clan Rotela para que cese el motín con toma de rehén en la penitenciaría más grande del país.
Justicia omitió alerta de la Policía: El pasado 7 de noviembre, un asalto de película ocurrido en General Delgado, Itapúa, asombró a prácticamente todo el país, ante sus características y lo que dejó: dos muertos, un herido, un detenido y cientos de billetes esparcidos por el suelo.
Se trataría de alrededor de diez hombres que actuaron con mucha violencia, con armamentos de alto calibre, explosivos y estaban preparados con una gran logística.
Tres días después, la Policía Nacional informó que una semana antes del atentado mortal ya había alertado al Ministerio de Justicia que bandas criminales coordinaban hechos punibles desde el penal de Itapúa.
Sin embargo, el informe fue pasado por alto por las autoridades de Justicia, lideradas por Barchini, y alegaron que la información no fue remitida de forma oficial, así como no llegó a manos del ministro.
Esto despertó nuevas críticas contra el encargado del Ministerio de Justicia, quien sostuvo que el informe no tenía consistencia e incluso atacó a los medios de prensa por haber publicado el documento que se filtró.
Fue vinculado a caso Marset: Además de todo esto, Barchini volvió a posicionarse en el ojo de la tormenta el pasado 17 de noviembre, cuando el Gobierno de Bolivia lo vinculó con el caso de Sebastián Marset, prófugo en el marco del operativo A Ultranza PY y buscado en el vecino país.
El ministro boliviano Eduardo Del Castillo presentó la captura de un chat que data de octubre de 2021 y que atribuye al ministro, en aquel entonces embajador de Paraguay en Qatar, en el que supuestamente coordina una ayuda para el presunto narcotraficante.
Las conversaciones realizadas a través de correos electrónicos y de la aplicación de mensajería WhatsApp fueron halladas en una memoria USB, en que se encontraron fotos, videos y otros documentos que revelan nexos del uruguayo con otras autoridades.
Poco después, Ángel Barchini salió al paso y alegó que se podría tratar de una clonación, afirmando que no conoce al extranjero. “Nunca lo conocí a Marset. Nunca escribí un mensaje; nunca recibí un pedido de nadie para que le ayude”, expresó.
Cuando saltó la información en los medios paraguayos, Barchini justo se encontraba en Itá junto al presidente de la República, Santiago Peña, quien le brindo su apoyo públicamente.
Más sobre cada caso en estas notas:
- Descontrol en Tacumbú por toma de clan Rotela
- Policía advirtió a Justicia sobre posible asalto en Itapúa
- Bolivia vincula a Barchini con caso Marset
10- Caso ocupaciones vip: Otra reculada forzada del cartismo
El pasado 28 de setiembre, los senadores cartistas dejaron sin cuórum una sesión, como una jugada para posibilitar la sanción automática de un proyecto para la desafectación de tierras del Ministerio de Defensa a favor de la Municipalidad de Villa Hayes.
La propuesta implicaba la transferencia a título oneroso a favor de los ocupantes de un inmueble, Jardines de Remansito, que luego se descubrió que se trataba de jueces, ganaderos, políticos, empresarios conocidos y poderosos apellidos menonitas.
La senadora liberal Celeste Amarilla denunció “el negocio turbio”, provocando la reacción del proyectista Basilio Núñez, quien a los gritos la trató de “coimera”.
El caso despertó toda una polémica que duró varios días y se intensificó en las redes sociales, específicamente en X (antes Twitter), donde la senadora liberal publicó la lista de los beneficiados.
Esto motivó que el presidente de la República, Santiago Peña, adelantara su veto a la propuesta legislativa; incluso, la Procuraduría General de la República inició una demanda para recuperar las 131 hectáreas del Estado paraguayo.
Tras días de espera, para el 23 de octubre, el mandatario finalmente rechazó el proyecto, por lo que las costosas propiedades siguen perteneciendo al Ministerio de Defensa, mientras se espera que la Justicia siga con el proceso para liberar el inmueble de las invasiones ilegales.
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