Los aumentazos concedidos a un selecto grupo de empleados estatales generan un fuerte choque de posturas entre el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Por un lado, en su Resolución 130/19 utilizada para suspender el pago de los salarios a los beneficiados con los reajustes, el Fisco sostiene que la asignación de categorías, sea por ingreso o por recategorizaciones, debe necesariamente asociarse a la realización de concursos como fija la Ley 1626/00.
Por el otro, la SFP, mediante el Dictamen 01/19, alegó que teniendo en cuenta el derecho laboral vigente en nuestro país, el mismo prima sobre todos los trámites administrativos, como son los procedimientos de concursos, por lo que no se pueden dejar de asignar categorías y abonar los salarios al personal estatal.
Consultado al respecto, el ministro de Hacienda, Benigno López, indicó que están analizando las informaciones que reciben desde los diferentes organismos sobre los reajustes para luego tomar una posición final. De acuerdo con la intimación enviada por la cartera, las entidades tienen tiempo solo hasta las 9.00 de hoy para enviar sus alegatos, de lo contrario, seguirá vigente la suspensión de pagos.
ÚH intentó también dialogar con la titular de la Función Pública, Cristina Bogado, pero la funcionaria viene esquivando las consultas desde este sábado.
Privilegiados. De acuerdo con los datos facilitados por Hacienda, unos 2.123 funcionarios de 35 entidades fueron beneficiados con aumentos que van desde el 2% al 251%, entre las que se encuentra precisamente la SFP (ver la infografía).
Ante esto, el ministro López había calificado estos reajustes como un incentivo perverso, ya que no se respetó el rol de Hacienda para la elaboración del plan de gastos. Sin embargo, tras participar del Consejo de Ministros y reunirse con el titular de la Bicameral de Presupuesto del Congreso, Arnaldo Samaniego, afirmó que los aumentos fueron legales y que el Congreso no actuó de forma irregular.
Finalmente, acorralado por los numerosos cuestionamientos ciudadanos, el secretario de Estado firmó la Resolución 130/19, ordenando a las 35 instituciones involucradas en los incrementos la suspensión del pago de salarios a todos los funcionarios que han experimentado recategorizaciones sin haber realizado concursos.
Estos organismos fueron además emplazados a presentar, en un plazo no mayor a 48 horas (vence hoy, a las 9.00), la información detallada con respecto a los reajustes y los documentos de modificación presupuestaria.
A favor. En medio de esta medida, se dio a conocer el Dictamen 01/19 de la SFP.
En el documento, la SFP alega que no se puede dejar sin asignación salarial a los funcionarios, pese a las diferencias de anexos de personal entre el 2018 y 2019, por derecho propio y por la responsabilidad jurídica que implica la no gratuidad del trabajo. Prosigue señalando que estos incrementos de salarios son necesarios para incentivar a funcionarios, para rematar con el argumento de que, según nuestro derecho laboral vigente, el mismo prima sobre los trámites administrativos, como son los concursos, obviando lo establecido en la Ley 1626/00, normativa que no solo regula los procesos de ingreso y promoción en el sector estatal, sino que crea la propia Secretaría de la Función Pública y dispone sus atribuciones.
