El senador Dionisio Amarilla está salpicado por varios casos de corrupción desde hace años, pero hasta ahora se escurre de la Justicia. Por un lado, el Ministerio Público, a cargo de Sandra Quiñónez, ni siquiera designó a un fiscal que se encargue de indagar al diputado liberal. Se excusa con que la Contraloría no entrega los documentos.
En julio del 2018, la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el senador liberal por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. A pesar de reiteradas solicitudes de urgimiento, el caso sigue sin avanzar.
La esposa del senador, Analy Valiente, fue la directora de Declaraciones Juradas de la Contraloría. El senador además logró ubicar a familiares y operadores políticos en puestos estratégicos, desde donde puede manejar información sobre todos los funcionarios públicos, incluyendo a sus colegas, como así también el control a la gestión de instituciones públicas.
El legislador fue denunciado por corrupción pública durante su gestión como administrador en la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Supuestamente, amasó una gran fortuna y sus bienes no coinciden con sus ingresos y los de su esposa. También se lo vincula con una empresa constructora, BGF SA, que en los últimos cinco años firmó contratos por G. 122.000 millones con el entonces gobernador de Ñeembucú, Carlos Silva.