En la nueva jornada de enfrentamientos, que han dejado 32 heridos, el ministro panameño de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, confirmó la muerte de un trabajador por perdigones disparados por la Policía en Changuinola, que desde el jueves permanece aislada.
Papadimitriu, que dijo que las causas de la muerte del primer trabajador no están aún claras, añadió que fueron liberados tres policías que se encontraban retenidos desde el pasado jueves.
El subteniente jefe de turno de la Policía Nacional de Changuinola indicó a Efe que entre los 32 heridos de hoy figura un capitán de la Policía, que recibió un balazo en una pierna, y que se registraron choques en Puente Torres, donde manifestantes y Policía se disputan el control del único acceso por carretera a la ciudad.
El gobernador de la provincia, Bonifacio Ábrego, ha decretado para hoy un nuevo toque de queda que comenzará a partir de las 21.00 hora local (02.00 GMT) y estará en vigor hasta las 07.00 hora local del domingo (12.00 GMT), según confirmó la portavoz de la Prersidencia panameña, Judy Meana.
Los líderes sindicales del sector bananero de Changinola exigieron hoy la presencia del presidente, Ricardo Martinelli, y la derogación de la “Ley 30" o “Ley chorizo” para poner punto final a las protestas.
El líder sindical de la bananera Bocas Fruit Company, Omar Becker, dijo que los trabajadores no cederán en su posición ni en sus exigencias hasta que el presidente vaya a Chanquinola y prometa derogar la “Ley 30".
Esa controvertida ley permite, en el plano laboral, suspender los contratos de los empleados en huelga, contratar a trabajadores en esos casos y utilizar a la Policía para garantizar la protección de la empresa, cuya operatividad queda garantizada, así como la eliminación de la obligatoriedad de la cuota sindical.
Becker celebró, por otra parte, la convocatoria hoy en la capital panameña de una huelga general para el próximo martes en apoyo a las protestas.
“Estamos ahora respaldados porque va a haber una huelga general, lo que significa que todo el pueblo está respaldando nuestros derechos”, dijo Becker.
Colectivos sindicales, estudiantiles y sociales convocaron la huelga general y una protesta para el lunes durante una reunión celebrada en un hotel de la capital.
Tras la reunión, la Policía llevó a cabo una redada en la que detuvo a más de un centenar de personas que habían participado en ella bajo la acusación de tener órdenes pendientes de comparecencia ante las autoridades relacionadas con el paro que hubo esta semana en las obras de ampliación del Canal de Panamá o haber obstruido la vía pública.
El ministro adelantó que la protesta convocada podrá realizarse si cumple con los requisitos administrativos y que el Gobierno estudiará la legalidad de la huelga.
El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, reconoció en una conferencia de prensa que “no ha sido posible la conclusión de ningún tipo de arreglo que pacifique la provincia” y acusó a los organizadores de las protestas de emborrachar a indígenas para que protesten y de instigar a la desestabilización en todo el país.