En esa época de estudios e ideales juveniles, de largas jornadas de lectura y exámenes angustiantes, se generan anécdotas inolvidables y afectos indelebles. Para los de mi edad, fueron momentos guardados en unas pocas fotos de tiempos en los que no existían teléfonos con cámaras.
Hernán Rivas no tiene compañeros, sino “compañeros”, así, con comillas. Es que son virtuales, no tienen nombres ni rostros. Al menos, Rivas no los recuerda, no los puede citar por sus nombres, no puede mostrarlos abrazados en una foto, con la corbata desarreglada, eufóricos por aprobar Derecho Romano II, ni siquiera en la típica toma de la promoción con la toga y tirando al aire los birretes.
Su amnesia es aún más grave. A veces tiene dificultades para acordarse dónde quedaba la Facultad de Derecho en la que cursó la carrera. En ocasiones dice que era en Ciudad del Este, después en Pedro Juan Caballero y, al final, en Luque. A alguien con estos problemas de desmemoria ni siquiera vale la pena preguntarle si recuerda el nombre de alguno de sus profesores, de alguna de sus asignaturas, del orden y las fechas de las materias rendidas.
En ese prostíbulo gigantesco en el que se convirtió el negocio de las universidades privadas, sobre todo en las ciudades de frontera, conozco casos de médicos que han recibido su título sin haber tocado un solo paciente, sin haber entrado jamás a un quirófano y, para ser sinceros, sin saber un ápice de medicina. Lo hemos denunciado muchas veces en estas columnas y en otros espacios.
Detrás de cada universidad de garaje siempre está un diputado departamental, un jefe narco, una logia de hermanos o un grupo empresarial interesado en lavar dinero. También hay, necesario es decirlo, algunas universidades serias. Pero si en medicina, un ámbito mucho más controlado, se llegó a este mercado pestilente, en el terreno de las facultades de Derecho el descontrol es absoluto. Dicen que hay 70.000 “abogados”. Dicen que con veinte millones de guaraníes se consigue un título de abogado en esas facultades truchas sin pisar el aula ni un solo día de clase. No me consta, pero no lo dudo.
El “abogado” Hernán Rivas obtuvo su título en una de esas facultades. Una carrera rarísima que solo se abrió durante sus años de estudio, que no fue registrada por el Cones ni por la Aneaes, los dos órganos rectores sobre el tema. No hay archivos administrativos guardados que avalen que el curso haya sido impartido, que el alumno haya asistido y, menos, que haya sido evaluado. Esto es inadmisible, es brutal, desde lo académico. Es una barbarie que nos retrotrae al siglo XIX. Un ex decano de esa facultad, Óscar Rodríguez Kennedy –quien a su vez había sido pillado copiando en un examen de conocimiento para la Corte Suprema de Justicia en 2020– reconoció que debieron cerrar la facultad porque los docentes no tenían títulos ni nivel suficiente.
Si usted cree que esto es surrealista, siga leyendo, es solo el comienzo. No hay que perder el tiempo discutiendo la burocracia tramposa sobre la legalidad o no del título de “abogado” de Rivas. El hombre apenas lee: investiguemos su título de bachiller. Lo que está más allá del surrealismo es que Rivas sea uno de los abogados más importantes del Paraguay. Es miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Es el juez de todos los jueces. Es una imposición, una bárbara demostración de fuerza del cartismo, que atenta contra la institucionalidad de la Justicia y la República. Un ignorante del Derecho juzgando a jueces y amenazando a quienes intervienen en causas con intereses políticos.
Es una vergüenza. Los abogados, fiscales y magistrados lo admiten con un temor que alguna vez será mal recordado en la historia. Lo digo con pesar: el gremio jurídico asiste con pasividad que se le imponga un individuo con dificultades de lectura comprensiva en el órgano que juzga el actuar de los magistrados. Por falta de huevos y rebeldía, también ellos son “compañeros” de Rivas.
