En un intento por legitimar el trámite, los cartistas extendieron por más de 5 horas la sesión extraordinaria a la que convocaron innecesariamente de forma acelerada. La decisión ya estaba tomada y con 34 votos dieron media sanción a un texto que ni siquiera pasó por una audiencia pública en la que se debata con todas las partes la pertinencia o corrección del texto.
Más de 80 organizaciones habían solicitado esta instancia de diálogo que caracteriza a una sociedad democrática, pero el cartismo autoritario no lo permitió.
En más de cinco horas, los colorados trataron de limitar la intervención de la escasa oposición y usaron el micrófono para atacar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Con total impunidad, la senadora Lizarella Valiente recurrió a la desinformación y a términos ofensivos para acusar falsamente a personas que activan en Feipar por los derechos a una educación integral y en Tedic por los derechos digitales.
De esta manera, solo evidenció que no hay una intención real de transparentar el financiamiento de las organizaciones, sino de limitar sus campañas de incidencia frente a la avanzada de grupos antiderechos, en los que Valiente milita desde la campaña electoral con el fin de captar votos del sector conservador de la sociedad.
La misma senadora es la que sataniza toda perspectiva de género e intenta impedir su aplicación a las políticas públicas evocando a la inexistente ideología de género que se utiliza solo para desacreditar cualquier intención de trabajar por cambios sociales que apunten a la igualdad entre hombres, mujeres y diversidades.
Es la misma que no reniega de un pasado en que participaba de un reality show que la cosificaba como mujer, mostrándola casi desnuda y reduciéndola a un simple objeto de dominación masculina.
Es la misma que está familiarizada con las mentiras porque al mismo tiempo su esposo miente a la prensa sobre el uso irregular de los bonos que debían tener como destino únicamente obras de infraestructura. Nenecho Rodríguez trata con una gran arrogancia a periodistas que investigan su gestión, pero la propia Contraloría General de la República le dio una cachetada con un informe que derivó a la Fiscalía por indicios de daño patrimonial que derivaron en la quiebra de la Municipalidad de Asunción.
Las organizaciones sin fines de lucro ya están reguladas actualmente, de hecho, cada vez se fueron intensificando los requisitos que hasta les cuesta abrir una cuenta bancaria para operar.
Quizás las legislaciones vigentes puedan mejorarse, pero para eso es justamente necesaria una audiencia pública. Por ejemplo, es impensable que el Estado tenga capacidad para controlar informes semestrales de miles de organizaciones, lo que hace pensar que serán vigiladas apenas unas cuantas. Es decir, las que emitan sus propios informes sobre la situación de derechos en Paraguay, sobre la corrupción y la transparencia en la administración pública, las que trabajen en campañas de igualdad y la participación cívica en las discusiones de interés común.
En palabras de los colorados, a aquellas que “tengan incidencia en las políticas públicas”.
Las organizaciones advierten sobre una regresión hacia la dictadura, cuando no había espacio para las disidencias. La primera demostración de este periodo parlamentario fue la expulsión de Kattya González del Senado y ahora la persecución se extiende a la sociedad civil.
