Pocas cosas son tan peligrosas y dañinas como los políticos populistas en tiempos de elecciones. Nada más sencillo que disfrazar como acción reivindicadora o justa medidas económicas que solo beneficiarán a un sector de la población (o incluso a muchos, pero solo temporalmente) y provocarán a la larga un perjuicio terrible a la gran mayoría. La estrategia de estos traficantes de la necesidad y de la ignorancia es centrar la atención en esos pocos beneficiarios y ocultar el panorama general, el que revela las consecuencias últimas de sus propuestas delirantes.
Quizás la más miserable de las últimas décadas la propinaron colorados y liberales allá por el 2012, cuando en oposición al gobierno de Fernando Lugo impusieron un aumento de salarios en la administración pública de hasta el 45%. El disparate nos sigue costando cada año alrededor de 800 millones de dólares. Desde entonces a la fecha, esta acción de absoluta irresponsabilidad política se ha devorado más de ocho mil millones de dólares de nuestros impuestos, un dinero que podría haber financiado todo el proceso de reforma educativa o la implementación de un sistema universal de salud pública.
Lamentablemente, no importa cuán atroces sean los resultados de las acciones de estos mercaderes de la necesidad humana, las medidas populistas siempre seguirán siendo fáciles de vender, sobre todo en tiempos de crisis. Ahora mismo, sin ir muy lejos, tenemos varias en estudio. Cito algunas de las más recientes.
Proponen ajustar los haberes de los funcionarios públicos jubilados a los salarios de los activos. Citan un artículo de la Constitución que en realidad hace referencia a un ajuste por inflación, según la interpretación de la propia Corte Suprema de Justicia. Alegan que hay recursos porque este sector de los funcionarios estatales (los de los ministerios) hoy tiene superávit y un fondo invertido. Muestran un pedacito del cuadro para darle un cariz de justicia al proyecto.
La verdad es que la Caja Fiscal, que abarca a todos los trabajadores del Estado, incluyendo a docentes, militares y policías, soporta ya un déficit anual de más de 160 millones de dólares; un agujero que se cubre con los impuestos que pagamos todos, incluyendo a la gran mayoría que carece de seguro social y que jamás tendrá el beneficio de la jubilación.
La verdad es que, si se permitiera ajustar los haberes de los jubilados de los ministerios, tendrían el mismo derecho los maestros y los demás trabajadores públicos, con lo que el monstruoso agujero fiscal se multiplicaría aún más rápido de lo que está previsto, alcanzando para el 2029 a más de la mitad de todo el presupuesto público. Básicamente, pagaríamos impuestos para cubrir salarios y jubilaciones de los empleados del Estado.
Otra disparatada populista es una ley que pretende obligar al Ministerio de Hacienda a destinar los recursos que recibe de Itaipú a pagar un beneficio adicional a los ex empleados de las empresas privadas contratadas por la binacional. Esgrimen que trabajadores brasileños cobraron ese beneficio y que el Tratado dispone que cualquier beneficio concedido debe regir para ambas márgenes.
El detalle es que los beneficiados brasileños ganaron en tribunales reclamos presentados sobre la base de la legislación laboral del Brasil, lo que obligó a la binacional a negociar el pago de una parte de lo exigido. Una ley paraguaya no puede obligar a la parte brasileña a negociar nada. El pago deberá correr a cuenta del lado paraguayo. Y aquí viene el disparate. El monto exigido supera los mil millones de dólares. Eso es todo lo que se recibe de Itaipú por dos años y medio.
Por último, el Senado aprobó un incremento de más de 16 mil millones de guaraníes de su propio presupuesto, a costa de nuestros impuestos, para aumentar salarios y contratar personal para que funcione mejor la “TV Senado”. Por supuesto, nada más necesario para un país que se debate en medio de una inflación creciente y una recesión devastadora.
Si propusieran estas medidas en otro momento podríamos darles el beneficio de la duda, pero en periodo electoral la conclusión es obvia; son los mancebos de la alcahuetería buscando votos.
