Los delitos y las penas se legislan por el repudio que la sociedad tiene hacia un determinado hecho. Cuanto más alta es la repulsa o condena social que se tiene contra algo, más elevada es la sanción que se aplica. Esta es más o menos la lógica que se tiene en los hechos punibles que señalan las leyes penales.
Es así que se determina cuál bien jurídico es el afectado. Así tenemos la vida, la integridad física, la libertad, la autonomía sexual, los menores, la intimidad, los bienes, las relaciones jurídicas, entre otros.
Por eso es que el homicidio y ahora el feminicidio son los que tienen las máximas penas, ya que el daño no se puede reparar.
Es así, entiendo, que nuestros parlamentarios piensan para hacer las leyes, y especialmente, para aplicar las sanciones. Ahora, por ejemplo, fijaron la máxima pena de 30 años de cárcel para los abusos de menores. Es más, en su argumentación, algunos dijeron que debía tener incluso cadena perpetua y, otro, la castración química de los abusadores.
Claro que ninguno pensó en los fines de la pena, según la Constitución, que son, por un lado, proteger a la sociedad y, por otro, buscar la readaptación del delincuente a la sociedad, ni mucho menos pensaron en la prevención, sino que solo en el castigo de estos hechos.
Es evidente que nuestras cárceles no cumplen estos objetivos, y nuestra Justicia hace que 7 de cada 10 presos no tengan condena, por lo que no se sabe aún si son culpables o inocentes. Los legisladores tampoco pensaron en la proporcionalidad que debe haber respecto a lo que se hace y el castigo aplicado, para evitar meter a todos en la misma bolsa.
Por supuesto que, en este caso, en la fijación de esta pena por los abusos de los niños influyó bastante el populismo de los parlamentarios, ya que nuestro Congreso está tan desacreditado y cada vez más devaluado que busca cualquier truco para mejorar su imagen y recurren a estos artilugios para ganarse el favor de la ciudadanía.
Es más, tras los resultados deportivos de la Selección Nacional, alguno que otro legislador propuso que se condecore al entrenador. Conste que no fue el único; desde el Ministerio de Educación le hicieron dar una charla a los docentes que, dentro de todo, fue positiva.
Sin embargo, con los casos de nepotismo, conocidos como nepobabies, el planillerismo y los actos de corrupción, los legisladores esquivan la mirada, ya que les afecta directamente. Estos casos también generan una alta repulsa y repudio social porque afectan los bienes del Estado paraguayo.
Es por esto que sería bueno también que si creen que la única solución para todos los delitos es elevar las penas, que se apliquen también a estos hechos.
Por ejemplo, el delito de cobro indebido de honorarios, con pena de dos años o multa, se da más para los abogados. No obstante, debería ser más con relación a los funcionarios públicos que cobran sin trabajar o solo por ser pariente de alguna autoridad. Es ahí donde se debería tener una sanción mucho más elevada.
Lo mismo pasa con la corrupción por parte de los funcionarios públicos, donde el delito generalmente es la lesión de confianza, que tiene penas de hasta 5 años, y en casos graves hasta 10 años. Estos hechos de desvío multimillonario del dinero del Estado deberían tener una sanción mucho más elevada si es que los legisladores piensan que es la única forma de luchar contra este flagelo.
Lo mismo pasa con el nepotismo, cuya ley fue hecha en realidad para evitar que los verdaderos responsables sean castigados. Esto hace que cuando se investigan estas causas no se pueden imponer sanciones a los responsables.
Es por esto que, por la alta repulsa social que tienen estos hechos de corrupción pública, de planillerismo, de nepotismo, es que se deben también elevar las penas si es que quieren mejorar su imagen ante la ciudadanía. Ojalá que algún parlamentario se anime a presentar un proyecto al respecto.
