Sobre todo como aquellos que producían en los años 90 las Centrales Sindicales que vigilaban y defendían los derechos de los trabajadores con datos precisos y actuales con los que contraargumentaban las afirmaciones siempre exitosas del gobierno de turno en materia laboral.
Pero en la actualidad la fuerza sindical languidece. No se dispone de estudios serios sobre lo que está ocurriendo, ni siquiera por parte de la academia. Abundan sí los testimonios y casos concretos que sustentan lo vulnerable que es el mercado laboral y la orfandad institucional y organizativa que sufren hoy la clase trabajadora. Unos amigos que son profesores en una universidad privada, me pedían semanas atrás que desde este diario investiguemos lo que está sucediendo en varias de estas casas de estudios terciarios donde los docentes ganan una miseria, no tienen cobertura social, y no perciben aguinaldo. Si desde el Estado se alentó el aumento extraordinario de las universidades privadas, desde una concepción meramente de negocio, y se permitió que se abrieran y funcionaran en cualquier cochera o tinglado, se imaginarán que lo último que se haría es controlar bajo qué condiciones seleccionan, contratan y remuneran a su plantel docente y, mucho menos, si se ajustan a las leyes laborales y normas académicas.
El proceso de acreditación de universidades, facultades y carreras es relativamente nuevo y demanda tiempo. Entretanto, una vez más ha habido profesores que no percibieron aguinaldo y que no tienen siquiera un contrato serio, porque la propia institución académica así se maneja. Estas invierten muchísimo en marketing, pero no en equipamiento, infraestructura y, mucho menos en sus docentes.
Caen en la misma doble moral que imperante. Hay mucha apariencia, pero escarbando un poco, salta el no apego a las normas, el “trato kure”, la explotación laboral, el lucro por encima de todo; cero compromiso con el país, con los estudiantes y con los profesores a los que pagan una suma irrisoria y no otorgan incentivos para capacitación permanente o investigación. Por eso, entre los ministerios que conforman el Gabinete de la Presidencia de la República, el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tiene un desafío muy grande hasta este momento: Tiene que ganar credibilidad y recuperar la confianza de los ciudadanos. Los casos de sus inspectores de trabajo corruptos, la debilidad institucional, la escasa respuesta ante las denuncias, sus déficits en todos los sentidos y particularmente para actuar con justicia y apego a las normas. Su falta de autoridad ante las patronales que explotan y pisotean los derechos de los trabajadores han calado hondo en el imaginario colectivo. Ello explica que muchos trabajadores prefieran denunciar las irregularidades o situaciones de injusticias en los puestos laborales a través de sus redes o ante la prensa, antes que recurrir a la institución que debe fiscalizar el ámbito. Tanto es así, que temen hacerlo incluso anónimamente por medio del portal del Ministerio.
Un joven periodista me contaba que en la empresa donde trabaja no se debe hablar de organización sindical. Que si alguien lo plantea, termina despedido. Otro punto que habla de la doble moral empresarial. El mensaje es claro: Las leyes son para otros, aquí nada de libertad de asociación o derecho a sindicalizarse. Si esto pasa en los medios, lo que ha de ser en otros rubros.
Urge que el Ministerio de Trabajo se fortalezca y asuma su papel de fiscalizador del cumplimiento de la normativa laboral. El solo hecho de que sea necesario habilitar un sitio para denunciar el no pago de aguinaldo ya habla a las claras de la impunidad y las condiciones laborales que rigen en el país. Esta institución debe funcionar muy bien para promover el trabajo digno y decente.
