–Tras la muerte del diputado, se puso en relieve nuevamente la narcopolítica.
–Se veía un proceso previsible. El copamiento de instituciones públicas por cualquier grupo organizado criminal, porque tiene que ver con la debilidad del Estado paraguayo sumado a la corrupción sistémica que hay dentro del Estado.
A ese nivel de narcotráfico, no están en Chile, no están en Uruguay, no están en Costa Rica, están en Paraguay. Porque es un Estado permeable, es fácil evadir sus controles, fácil corromper inspectores, ese tipo de cosas.
Y lo otro es que cuando se fue planteando sucesivamente el voto selectivo, el voto directo hubo analistas que señalaron que eso significaba debilitar todavía más los partidos políticos
Ahora cualquier persona afiliada o no, puede candidatarse por un partido si tiene fondos suficientes y esa vulnerabilidad legislativa terminó de completarse con el voto preferencial para las elecciones del 2021.
Es más fácil comprar operadores y ganar unas elecciones en las zonas que son históricamente de narcos. Amambay, Canindeyú, todo lo que sea frontera con Brasil. Sucedió lo que estaba previsto que iba a suceder por esos elementos.
–Tras el operativo, vimos la reacción de los diputados, quienes pidieron la cabeza del ministro del Interior, Enrique Riera.
–El suplente de Lalo Gomes contó que le habían pedido una suma de dinero para ingresar en una lista y él prefirió negociar con otro equipo.
A menudo los candidatos y las autoridades hablan del costo que supuso para ellos acceder al cargo. Ese monto es creciente. Desde hace 30 años en cada elección, el ser senador o el ser diputado cuesta una fortuna. Celeste Amarilla, habló de eso también.
Una posibilidad es de que el candidato o la candidata ya tenga ese dinero, que decida comprar entre comillas su banca porque es rico o rica. La otra posibilidad se da generalmente con caudillos del interior, quienes se endeudan con sponsors que normalmente se trata de grupos criminales, para tener y manejar ese dinero y pagar efectivo, porque eso no pasa por transferencia bancaria.
Están más vulnerables a lo que es el dominio de grupos criminales porque le pagaron la campaña.
Eso supone que si financias la campaña partidaria, supone también debes colaborar con la lista. Se subentiende que te van a dejar completar el mandato con impunidad. Compraste un cargo y se supone que ese cargo te protege, porque pagaste para la protección y pagaste mucho.
Lo que entendieron los diputados con lo de Lalo Gomes es que esa impunidad no funcionaba. Digamos que su partido les estaba estafando y por eso reaccionaron tan violentamente. “Si le pasó a Lalo, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, no que nos maten sino que nos manden directamente a la cárcel y nosotros pagamos para no ir a la cárcel”. Entonces la reacción fue corporativa, porque se sintieron amenazados. Sintieron que hicieron una inversión sin garantías.
–El Ejecutivo no cedió al reclamo de los diputados. ¿Se puede decir que vimos un quiebre en el oficialismo como Ud. evalúa esta coyuntura?
–Yo ni estoy segura de que el ministro sabía de que se estaba llevando adelante ese operativo, porque la orden de allanamiento se dio diez minutos antes. Si el Poder Judicial o la Policía tiene conocimiento con un día o seis horas de antelación, la información se vende.
Los diputados quieren castigar algo, pero tiene que ver con que ellos se sienten amenazados en este momento. Habría que esperar más tiempo a ver si esto tiene consecuencia a mediano plazo. El problema del cartismo en general, de sus autoridades parlamentarias es de que son muy afectos a juegos de artificio. Hacen mucha publicidad, hacen acciones de mucho impacto mediático, pero no persisten en eso. Son acciones irracionales que no tienen por qué tener consecuencia, pero en ese momento impresionan a la gente y después opa rei. El ejemplo claro es la crítica a la Transformación Educativa. Meses estuvieron con eso y se dieron cuenta de que estaban payaseando y que no se iba luego a cumplir lo que ellos estaban amenazando, entonces se callaron. Ese es el cartismo, van de un juego de artificio a otro.
–La crítica se hace hacia la ley de financiamiento político que finalmente no filtra a los narcopolíticos.
–Lo que pasa es que el financiamiento electoral se hace todo en negro. Ahí no hay transferencia bancaria, ni factura, ni recibo. Se mueve una gran cantidad de dinero en negro Alguien que tiene formalizado su movimiento, no te puede tirar USD 2 millones en dos meses, sin ningún recibo, sin ninguna factura, sin ningún comprobante
–¿La clave está en mejorar los controles en los procesos electorales?
–Hay que fortalecer al Estado. El Estado es un mecanismo de control y de castigo. Significa que también debe haber un control electoral en esa compra-venta de votos espantosa que hay una semana antes ye el día de las elecciones. Porque de lo contrario eso va a seguir.
Significa también que las instituciones judiciales, que también están muy controladas partidariamente. Fueron paulatinamente sometidas al poder político, pero necesitamos que puedan seguir cumpliendo su función. O si no, el proceso de que esto va a empeorar va a ir in crescendo.
–En este momento queda en manos del JEM resolver si se sanciona o no los fiscales y al juez, como están solicitando la familia de la víctima y algunos legisladores. ¿Cómo evalúa a la justicia?
–La Justicia paraguaya fue mejorando a nivel de ley y a nivel de instituciones hasta el 2003, cuando Nicanor Duarte Frutos decidió descabezar el Poder Judicial con el apoyo de todo el partido opositor al que estaba en ese momento en el Parlamento. A partir de allí, los miembros de la Corte Suprema, jueces de segunda instancia, jueces de primera, fiscales, saben que se someten al poder político o los echan. Y allí hubo un quiebre monstruoso de un proceso que iba bien. Se estaba mejorando ese poder del Estado hasta que los partidos entraron a mostrarles que el poder eran ellos, no era la justicia. Fue cuando empezó a destrozarse todo y es lo que tenemos a la vista.
