Me explico: un país que se considera y se presenta como uno de los graneros del mundo y uno de los mayores productores y exportadores de carne, debería tener al Ministerio de Agricultura y Ganadería en un edificio acorde con la relevancia que tienen estos dos renglones de la economía del país. Algo que no ocurre.
Lo mismo, si tenemos serios problemas vinculados a la niñez, pero también grandes potencialidades, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) debería contar con una sede acorde con la importancia de su misión, como ente rector y articulador de políticas públicas de promoción y protección de derechos con los actores del Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral de niños, niñas y adolescente. Y no tener dispersas sus dependencias en diferentes pequeños locales, como también ha sido el caso del Ministerio de Educación y Ciencias, por muchos años.
Un país que en su Carta Magna se declara multiétnico y pluricultural y que mantiene décadas de una gran deuda con los pueblos indígenas, los que entre las 19 etnias representan apenas 120.000 personas, debería tener al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) no en un local prestado, perteneciente al Ejército, luego de funcionar por años en una casa adaptada a oficinas, en la calle Don Bosco. Menos aún si se tomaran en cuenta que los trámites para la legalización y la compra de sus tierras y para la atención a otras necesidades y reclamos los indígenas se ven obligados a venir a realizarlos en Asunción, donde tienen como punto de referencia al Indi. Allí tendrían que contar con un establecimiento que contemple espacios para recibirlos con comodidad y albergarlos temporalmente cuando llegan a la capital para sus gestiones.
Si seguimos con este ejercicio de comparar la importancia de la labor que corresponde a una institución con el edificio donde funciona, en general, hallaremos que las entidades que se ocupan de temas sociales están relegadas. Y esto se refleja también en el orden de prioridades inclusive cuando un nuevo gobierno va armando su gabinete, como ahora lo hace Santiago Peña. Educación, Niñez, Juventud, Indígenas, Acción Social, etc., se dejan para el final.
Dirán que el edificio donde funciona una institución no determina su eficiencia, sino las personas que la conforman. Cierto, pero también significa mucho el espacio en que se desarrollan las actividades, el clima de trabajo y el equipamiento de la entidad, según el sector que le toca atender, además del presupuesto que se le asigne y la calidad de gestión de quienes la administren. Todo lo cual está ligado al valor que los administradores de turno le otorguen dentro del organigrama del Estado.
Por otro lado, cuando un edificio público está bien cuidado, porque le hacen mantenimiento, y está ordenado para mejor atención de los ciudadanos, ya habla muy bien de las personas que dirigen la institución. Y si a ello se suman eficiencia y honestidad en el manejo del dinero público, ya habremos ganado todos. Por eso, en realidad a la hora de decidir a quién poner al frente de una institución, y qué priorizar, se supone que hay que tomar en cuenta numerosos indicadores, y no solo las deudas de campaña electoral o el sector político al que, sin importar los perfiles, se deben otorgar los cargos, además de tener claro el énfasis que se pondrá a la administración del Estado. Dice mucho quién dirige una institución, así como el lugar físico y el nivel en que se le ubica a esta dentro de la organización del Estado.
Según las primeras señales del nuevo gobierno, lo económico será central y lo social seguirá en segundo plano, como lo cuentan ciertos edificios de entidades que deben atender a la gente.