El problema de los EEUU con Horacio Cartes y el vicepresidente Velázquez entre otros, calificados de “significativamente corruptos” y acusados entre otras cosas de: soborno, lavado de activos, apoyo al terrorismo y uso ilegal de sus funciones a favor de beneficios personales y apoyo a hermanos del alma, es grave para ellos y para nosotros. El Gobierno de Biden así los ha señalado sabiendo muy bien que nuestro sistema de Justicia es absolutamente incapaz de juzgarlos por esos delitos en nuestro territorio. Los acusados se han retobado y uno afirmó que solo muerto lo sacarán de la carrera a la presidencia de la ANR y el otro, luego de renunciar a la Vicepresidencia, se desdijo diciendo que lo hará apenas aparezca el delito del que se lo acusa. Claro, cuando eso ocurra esgrimirá otras cuestiones para darles largas al asunto mientras se deteriora aún más la imagen de nuestra desdibujada república bananera. Si tuviéramos Justicia no estaríamos nunca perdiendo soberanía ni orgullo nacional como ocurre ahora con estos dos casos paradigmáticos. Esto que pasa es una capitulación ante el crimen y el delito y los que señalan desde afuera estos actos deben actuar de manera pronta y eficaz antes que el daño para ellos y para nosotros sea mayor.
En los años del horror, la violencia y el narcotráfico en Colombia surgió un debate en torno a Pablo Escobar, los Ochoa y otros narcotraficantes que se opusieron a ser extraditados a los EEUU y se parapetaron en plomo, sangre y muerte. El presidente de la época era un oscuro asesor de campaña del asesinado Luis Carlos Galán, quien favorecía esa solución. Gaviria se metió en un grave problema nacional cuando los extraditables secuestraron a la hija del ex presidente Turbay a la que luego asesinarían, a Maruja Pachón, esposa del diputado Alberto Villamizar, quien promovía el envío de los delincuentes a los EEUU porque el sistema político local era incapaz de contenerlos en su territorio y a otras más con las que negociaba como rehenes ante un país que destilaba odio y sangre. Los extraditables sabían muy bien lo que les esperaba afuera y las ventajas que suponía ser juzgados en Colombia con grandes privilegios. La historia, para hacerla corta, es que el debate ante la falta de institucionalidad sólida se dirime siempre en esos términos y ahí es cuando todo un país pierde. Nosotros no vamos a poder cambiar la inercia viciosa de nuestra Justicia, ni jamás habrá los tres votos liberales para sacar a la fiscala general, que defiende a quienes debería perseguir. La misma que incluso apuesta doble contra sencillo por el sistema actual, poniendo a un cuestionado fiscal para enviar una señal clara de que ni vergüenza tienen. Osmar Legal, luego de la conversación con Fernández Lippman para apretar a la Justicia, jamás podría estar un minuto en una institución como el Ministerio Público. Es el mismo fiscal que no investiga a Cartes porque “tiene un alto perfil”.
Si estiramos más esta tensión instalada y no llega el séptimo de caballería a resolver este desaguisado, los costos para la República serán enormes. Los que creen que esto es una cuestión electoral subestiman el daño que genera esta prueba de estrés a nuestras instituciones que han capitulado ante el crimen y los delincuentes. Corremos el serio riesgo de acabar como República por este camino si los EEUU no convierten sus señalamientos en acusaciones formales que acaben en pedidos de extradición concretos. No hacerlo pronto hará que los que en apariencia sean adversarios se unan como los extraditables colombianos para crear un cartel que se mofe de la Justicia y que en la huida desaten una orgía de sangre entre nosotros.
Deben hacerlo pronto porque incluso harán campaña contra EEUU con consignas chauvinistas, golpes nacionalistas en el pecho y ataque a la esencia del coloradismo. La cosa puede agravarse si los pedidos de extradición no llegan pronto desde el Norte. Están dispuestos a todo y por eso la respuesta no puede esperar.
