Con el pretexto de la reforma agraria, algunos propietarios le venden al Gobierno las tierras que no les sirven. Esto dijo Eligio Ayala allá por 1920, no por estar en contra de la reforma agraria, sino de las manipulaciones, como comprar tierras no aptas para la agricultura para instalar colonias agrícolas.
Esto ha sucedido en el inmueble hoy llamado Antebi Cué, las 224.000 hectáreas expropiadas por una ley de 1995. Antebi Cué era parte de un inmueble de más de 400.000 hectáreas, el mayor latifundio de la Región Oriental, de la firma Cipasa de Alberto Antebi. Con razón se decía que nadie debía tener tanta tierra mientras que miles de agricultores no tenían nada. Sin embargo, un estudio técnico decía que el 80% del terreno en cuestión no era apto para la agricultura. Se confirmó que no mentía después de su expropiación para la reforma agraria.
¿Reforma agraria? Solo en el sentido señalado por Eligio Ayala. ¿Por qué? Porque los grandes ganadores de esa presunta reforma agraria han sido los individuos que formaron sus estancias en Antebi Cué. Entre los nuevos estancieros estaba el diputado Magdaleno Silva (RIP). Hubo también otros ganadores, y fueron los traficantes de rollos, quienes arrasaron el bosque para preparar el terreno para la agricultura de exportación (cannabis).
¿Qué hizo el Gobierno contra los especuladores o simples infractores de la ley? Nada. Ahora quiere hacer algo peor que nada, y es pagarles intereses a los sucesores de Alberto Antebi. En cierto sentido, estamos ante un caso de autoexpropiación. El finado señor Antebi, viendo que la situación se le ponía difícil, habló discretamente con su amigo, el entonces presidente Andrés Rodríguez. Allí surgió aquel proyecto de reforma agraria, que llegó al Congreso y se aprobó, pero no como se pretendía: en vez de pagar en dólares y al contado, se pagaría en guaraníes y en cuotas, a diez años de plazo, según la Ley 517 de 1995.
Los afectados se sintieron defraudados por el precio’i; por eso pidieron a la Justicia que declarase inconstitucional la Ley 517/95. La Justicia les dio la razón declarando inconstitucional esa ley y ordenando que se pagara un precio mucho más alto. Como no ordenó que los recurrentes pagaran también los impuestos atrasados, uno podía suponer que se quedarían contentos. Sin embargo, no quedaron contentos y exigieron que también se les pagaran intereses sobre el precio más alto. “Pedid y recibiréis”, dicen las Escrituras, que se cumplen al pie de la letra en ciertas cuestiones judiciales, dependiendo de quién se trata. Para el pago de los intereses se ha destinado una parte de los bonos del Gobierno, y parece que se va a destinar otra parte más. Eligio Ayala, gran estadista, había percibido ciertos abusos, sin imaginarse que llegarían a tanto.
