03 may. 2025

Los intereses de la deuda devoraron USD 306,5 millones de los impuestos

Informe de Hacienda indica que en el 2019 el pago de los intereses del pasivo público aumentó 26,6% en relación al 2018. PGN prevé que gasto en este concepto crezca 25% más en este año.

El Gobierno Central gastó G. 1,9 billones (USD 306,5 millones) en el pago de los intereses de la deuda pública en el 2019, según se desprende de un informe provisto por el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con el reporte de la cartera, este indicador registró un crecimiento del 26,6% en comparación al 2018, ejercicio en que se desembolsaron G. 1,5 billones para honrar los intereses.

El pago de los intereses de la deuda es cubierto anualmente con los ingresos provenientes del cobro de impuestos, mientras que el pago del capital se realiza con los bonos soberanos, según dispone la Ley de Administración Financiera.

El gasto público en este concepto representó en 2019 el 8% de la recaudación tributaria. Si se analiza con el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020, lo desembolsado equivale a más de la mitad de los bonos que se emitirán este año (USD 547 millones) o incluso un tercio de lo que se pretende invertir en obras (USD 1.000 millones).

BOLA DE NIEVE. Al igual que el crecimiento del pasivo cada año, principalmente para financiar obras, el servicio de los intereses también se va convirtiendo en una mayor carga para las finanzas públicas.

Es que si se compara lo desembolsado el año pasado con el monto destinado a este rubro en 2015, este objeto de gasto se duplicó solo en los últimos 4 años. Si este ejercicio se aplica desde el 2014, el pago de intereses de la deuda prácticamente se cuadruplicó (ver la infografía).

De acuerdo con el PGN 2020, este concepto crecerá en un 25% en este año. La ley promulgada recientemente por el Ejecutivo prevé destinar G. 2,4 billones de los impuestos a este pago.

Para el Ministerio de Hacienda, este indicador aún no genera preocupación, ya que está dentro de los límites de prudencia que recomiendan organismos internacionales.

Los técnicos de la cartera recordaron que la deuda paraguaya está entre las más bajas de la región y remarcaron que el incremento de los compromisos no solo se realiza para paliar el déficit en infraestructura, sino que también para realizar operaciones de repago (bicicleteo) que permiten mejorar el perfil del pasivo público.

SALDO. La deuda pública paraguaya alcanza en la actualidad USD 8.744,8 millones, lo que equivale al 22,6% del Producto Interno Bruto (PIB), según el último reporte del Ministerio de Hacienda.

El reporte del Fisco señala que del total de los compromisos, USD 7.157,4 millones corresponden a los compromisos asumidos internacionalmente, cifra que representa una participación del 81,8%.

La deuda interna, por su parte, alcanzó los USD 1.587,4 millones, equivalentes al 18,2% del total. En este indicador, se registra una caída de USD 51,1 millones.

El principal instrumento de endeudamiento del Estado sigue siendo la emisión de bonos, con USD 5.451,6 millones (62,3%); seguido de los préstamos con USD 3.170,7 millones (36,3%) y los proyectos llave en mano con USD 122,5 millones (1,4%).

Los principales acreedores del país son los inversionistas que adquirieron los títulos del Tesoro en el mercado extranjero, con quienes se tiene compromisos por USD 3.910 millones. Los organismos multilaterales ocupan el segundo lugar, con USD 2.956,6 millones; mientras que completan el podio los tenedores de bonos locales, con USD 932,4 millones.

La Administración Central sigue siendo la principal institución pagadora, con una responsabilidad que equivale a USD 7.573,4 millones (86,6%). La Administración Descentralizada, a su turno, es responsable de USD 1.171,4 millones (13,4%).

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El déficit cerró en el 2,8% del PIB
De acuerdo con los informes de Hacienda, el déficit fiscal cerró el 2019 en USD 1.087,3 millones, lo que equivale al 2,8% del PIB.El déficit se da cuando los gastos son mayores a los ingresos y está fundamentado en la toma de deuda para financiar la inversión. El Fisco había pedido al Congreso su autorización para tener un saldo rojo del 3% del PIB, sobrepasando el límite legal del 1,5% del PIB, con el objetivo de no frenar el plan de reactivación económica.