En un comunicado firmado por Marina Paredes, presidenta de los ocupantes de Marina Cué, la mayoría familiares o víctimas de la masacre del 15 de junio de 2012 que terminó con el saldo de 17 muertos tras un desalojo violento, mencionan que no aceptarán el ofrecimiento del Ejecutivo que, al vetar el proyecto de expropiación original, ofreció apoyar otro proyecto consistente en la expropiación de solamente la mitad de esas tierras.
“La ley establecía la transferencia de 1.748 ha. de Marina Cué al Indert, para fijar el asentamiento de 160 familias campesinas sin tierras. En ese sentido, los asentados en las tierras de Marina Cué rechazan rotundamente la posible solución de otorgar 806 ha. en vez del total”, señala el comunicado.
Asimismo, anuncian “que seguirán en la lucha por las 1.748 ha., acordadas con anterioridad luego de largas conversaciones con representantes de la Presidencia de la República, con ministerios, otras oficinas estatales, la Gobernación de Canindeyú y gobierno municipal y, finalmente, sancionado por el Congreso el pasado 17 de diciembre”, concluyen.