El acuerdo sobre Itaipú, el de Petropar – Texos SRL y el sospechoso intento de arreglo de la deuda con Pdvsa son tres hechos que ponen en aprietos al Gobierno, dejando una mala imagen internacional y que despiertan preocupación respecto al manejo de los intereses del país de cara a la negociación del Anexo C de Itaipú con el Brasil.
A mediados del 2019 salía a la luz un acuerdo firmado entre embajadores de Paraguay y Brasil sobre la potencia de Itaipú Binacional que fue blanco de críticas debido a que, según los técnicos, se pactaron condiciones que generaban un sobrecosto de USD 250 millones para la ANDE.
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Además, pese a que el acta se firmó el 24 de mayo, no se dio a conocer el contenido del mismo hasta meses después. El caso motivó a la renuncia del entonces canciller Luis Castiglioni, la de Pedro Ferreira como titular de la Administración Nacional de Electricidad y otros funcionarios.
Una vez instalada la polémica y luego de que incluso se hable de juicio político a Abdo Benítez, el Gobierno paraguayo recibió el auxilio del mandatario brasileño Jair Bolsonaro, acordando dejar sin efecto el polémico acuerdo para la compra de potencia de la usina de Itaipú, bajo el argumento de que el caso tuvo un déficit de comunicación e información.
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Millonaria conciliación con empresa maletín
En plena víspera de Navidad, Sergio Coscia renunció a su cargo de procurador general de la República luego de que se filtrara la negociación del pago de USD 7 millones a la firma argentina Texos SRL.
Este acuerdo firmado entre Petropar y la empresa argentina supone una conciliación tras una millonaria demanda realizada por Texos SRL debido a la anulación de una adjudicación por la compra de combustibles por USD 70 millones.
Dicha adjudicación fue motivo de escándalo en su momento debido a que la empresa argentina había sido tildada de maletín, pero aún así, llamativamente, la administración de la petrolera estatal de ese entonces igual la habilitó para competir y ser adjudicada en la licitación.
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El presidente de Petropar, Denis Lichi, deslindó responsabilidades y habló sobre una decisión basada en el dictamen enviado por la Procuraduría General de la República (PGR) donde se señalaba un ahorro del 78% para el Estado paraguayo.
Lichi podría ser interpelado por el Congreso Nacional sobre su participación en el acuerdo secreto que significaría un millonario pago a la empresa argentina.
Sospechoso arreglo de la deuda con Pdvsa
Una investigación del Washington Post salpicó a la administración de Mario Abdo Benítez en un intento de acuerdo secreto respecto a la deuda del Paraguay con Petróleos Venezolanos SA (Pdvsa), con el encargado de despacho de Venezuela, Juan Guaidó, quien buscaba recuperar fondos públicos de su país.
Según detallaba la publicación, el intento de acuerdo entre Abdo Benítez y Guaidó suponía que Paraguay abone el 50% de los USD 269 millones adeudados a Pdvsa con una quita de los intereses del 100%. Sin embargo, apareció una sospechosa comisión de USD 26 millones para terceros que habían tratado las negociaciones.
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José Ignacio Hernández, ex fiscal general de Guaidó, quien renunció poco después de rechazar el acuerdo con Paraguay, advirtió sobre una comisión desproporcionada a un abogado argentino llamado Sebastián Vidal, quien está vinculado al tío del presidente de la República, Carlos Abdo.
El jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, y el venezolano Javier Troconis eran los principales encargados de llevar adelante las negociones.
Villamayor aseguró que el acuerdo no fue firmado debido a que Paraguay buscaba incluirlo en el arbitraje internacional sobre la deuda y afirmó que esto pudo representar un ahorro de USD 150 millones para el Paraguay.
El alto funcionario reconoció que la propuesta provino por parte de Paraguay, pero que al no garantizar la extinción de la obligación, la misma no fue firmada. Sin embargo, Juan Guaidó asegura que fue Venezuela quien rechazó el acuerdo.
Acuerdos que debilitan la imagen de Abdo Benítez
La analista política y periodista Estela Ruiz Díaz aseguró que los acuerdos secretos debilitan la imagen de Abdo Benítez y ponen “bajo sospecha” las intenciones que tiene su gobierno respecto a la renegociación con el Brasil del Anexo C de Itaipú.
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“Con los casos de Petropar – Texos y el de Pdvsa vemos que hay dos intentos de acuerdos sospechosos. Esto nos da miedo respecto a lo que sucede con Itaipú. No sirve de nada enterarnos lo que sucede una vez que ya se firma un documento”, aseguró.
Ruiz Díaz asegura que el jefe de Estado está obligado a hablar con mayor claridad y fuerza sobre lo que está sucediendo y a deshacerse de las personas que considera que están traicionando a los intereses del país. “De lo contrario, es como un cómplice. Le obliga a transparentar lo que se hace en torno a Itaipú”, afirmó.
La analista considera que se espera una acción más fuerte por parte del Poder Ejecutivo. “Me parece que hay una debilidad del presidente respeto a la acción que debe tomar y no lo está haciendo”, señala.
También aseguró que el Gobierno debería ser más transparente respecto a los casos de negociaciones que comprometen el patrimonio del Estado. “No puede ser que nos enteremos por medios de comunicación o porque hay denuncias de corrupción. Esto se iba a concretar si no aparecían las denuncias”, aseguró.
Política del “saqueo inmisericorde”
La diputada por el Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, señala que estos acuerdos secretos no pueden ser vistos de forma aislada ya que “representan el pensamiento de un Gobierno autoritario que no respeta la República y la democracia”.
“Esto refleja una política exterior aventurera, irresponsable, sin agenda propia y que antepone intereses particulares de personas ligadas al Ejecutivo que lideran un saqueo inmisericorde que están con un discurso falaz de un triunfalismo inexistente, donde hablan de ventajas inusitadas para el país. Ningún acuerdo puede doblegarse ante los principios del derecho internacional público y privado”, afirma.
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La legisladora expresa que los manoseos del Gobierno tendrán consecuencias en las inversiones. “Esta claque actúa para beneficiarse ellos mismos y no hay ventajas para la ciudadanía. Esto debe tener una reacción de la clase política crítica”, asevera.
En otro momento, la diputada dice que “hay que respirarle en la espalda al Gobierno” y sostiene que el Congreso debe utilizar la figura de la interpelación.
La parlamentaria cuestiona que se recurran a abogados extranjeros y con millonarias comisiones cuando el Estado cuenta con gran cantidad de funcionarios capacitados, que tienen salarios para ello. “Ahí uno se da cuenta que lo que a ellos les ocupa son las millonarias comisiones”, aseguró.
Mario Abdo Benítez está en jaque por los hechos de corrupción que salpicaron a su primer anillo y los acuerdos secretos, que han debilitado su imagen interna e internacional.
Esta situación despierta preocupación también en el sector económico. En ese sentido, el economista José Luis Rodríguez Tornaco, dijo a Monumental 1080 AM que la seguidilla de hechos bochornosos que debilitan la imagen del Gobierno podrían impactar negativamente en las inversiones privadas.
