¿Saca provecho el presidente de su cargo para enriquecerse él y un grupo cercano mediante negocios con el Estado? Luego de ocho décadas de gobiernos colorados esto no debería extrañar a nadie, pero en su caso estas conjeturas son particularmente funestas.
La profusión de datos que publica la prensa puede resultar confusa para quienes no somos expertos en finanzas públicas, pero, de ser medianamente ciertas, revisten gravedad. Veamos, el presidente Peña fue accionista de ueno Holding hasta hace pocos días, cuando se desprendió de sus acciones. Hacía un año y medio que era presidente, a pesar de que la ley de conflicto de intereses lo obligaba a hacerlo antes de asumir. Hasta ahí, digamos, un descuido administrativo.
Todo cobra un cariz oscuro al saberse que las empresas vinculadas a dicho grupo empresarial incrementaron enormemente sus contratos con el Estado desde que el actual gobierno tomó el poder. Las licitaciones ganadas en este corto periodo por las firmas subsidiarias a dicho holding abarcan negocios en el campo financiero, de seguros, de tecnología, de agencias de turismo para viajes oficiales y de alquiler de equipos, entre otros.
En pocos meses estas empresas, que tenían una participación muy marginal en transacciones con el Estado, pasaron a manejar más de 300 millones de dólares en depósitos de entes oficiales y contratos con el sector público. El banco del grupo, por ejemplo, se convirtió muy rápido en la entidad con mayor crecimiento en ahorros captados de entes públicos, particularmente del Instituto de Previsión Social.
El artículo 237 de la Constitución Nacional señala que el presidente de la República debe dedicarse exclusivamente al cargo y no puede ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna. La ya citada ley de conflicto de intereses prohíbe al funcionario público “ser proveedor por sí o por terceros de bienes o servicios de cualquier organismo o entidad del Estado o Municipalidad donde desempeñe funciones”.
Peña no explica por qué no renunció a sus acciones antes de asumir, pero asegura que no hay nada anormal en su participación accionaria y que él no se benefició personalmente. Afirmó, incluso, que se trató de “una pésima inversión financiera”.
Es esta una aseveración problemática. Empezando por su propio enriquecimiento. De acuerdo con sus propias declaraciones juradas, entre el 2014 y el 2023 su fortuna se incrementó 23 veces más. La senadora Yolanda Paredes calculó que, en una década, su patrimonio aumentó en 1.703% Antes, solo tenía un terreno y hoy tiene una mansión fastuosa en San Bernardino, de la cual no quiere hablar.
Vuelvo a lo del inicio. Santiago Peña todavía no dimensiona el calibre de la crisis que se le viene. Será mayúscula. Es que no tiene las suficientes espaldas para resistir las dudas sobre su honestidad. No es Cartes, no es Alliana. A ellos, una acusación de corrupción les resbala. No sé por qué, pero les afecta poco. Nadie espera de ellos lo que vendía Peña: un muchacho “bien”, un economista formado académicamente en Estados Unidos, ex ministro de Hacienda que no venía del podrido universo de la política partidaria.
Un títere de Cartes, es cierto, pero lindo, presentable. Al propiciar estas sospechas de corrupción, el daño de imagen es mortífero. La desconfianza lo golpea en un flanco débil, pues no tiene respaldo político propio. Esto recién empieza, ya vendrán las denuncias y nuevas revelaciones. No hay votos para el juicio político, pero nada impedirá que se ventilen los motivos para pedirlo, lo que aumentará su desgaste.
Supongo que, por ahora, Peña estará tranquilo. Siempre está Cartes para salvarlo. Al fin y al cabo, si lo salvó a Mario Abdo cuando lo de Itaipú, ¿por qué no lo ayudaría a él?
