Quienes hoy manejan los hilos de la Justicia en Paraguay querrán conservar sus privilegios y se resistirán al cambio, analizó el especialista peruano Gustavo Lino Adrianzén Olaya, al comparar la experiencia del Perú con la situación que atraviesa nuestro país.
El abogado especializado en derechos humanos fue procurador del Estado, viceministro de Justicia y ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú. En diálogo con Última Hora relató el proceso que experimentó esta nación luego de que se hayan escuchado las voces de jueces y fiscales “vendiendo” puestos para beneficio de sus aliados, parecido al caso paraguayo.
“Tuvimos un problema similar y pudimos identificar que la politización de la Justicia era lo que más daño le hacía al sistema”, dedujo.
Las instituciones administradoras de Justicia deben ser independientes indefectiblemente y para eso es necesario alejarlas de toda influencia política, como sucedió en Perú, utilizando un mecanismo indicado a la realidad del país. Pero para ello es necesario que exista una fuerte decisión desde el propio presidente de la República, apuntó Adrianzén, que afronte a aquellos grupos poderosos sujetos al statu quo.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppA diferencia de esta nación, Paraguay no ha notado grandes cambios luego de que se filtraran audios de conversaciones de agentes políticos, jueces y fiscales intentando curvar procesos penales.
Recientemente, las expresiones del presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Enrique Bacchetta, calificando de injusto el proceso por narcotráfico que afronta el diputado Ulises Quintana, ubicaron en el debate nuevamente la independencia de la Justicia y hasta se pide la remoción del senador de su cargo en este órgano.
Para el abogado peruano no puede ser posible que un funcionario situado en este nivel anticipe un juicio sobre un proceso que afecta a un político, y lo consideró “muy peligroso”.
“Cuando los políticos controlan la Justicia, la convierten en un brazo armado contra sus opositores y se produce el fenómeno de la judicialización de la política”, definió.
Del mismo modo, indicó, el poder político puede injerir en la administración de la Justicia, politizándola. “El partido político que domine la Justicia, utiliza a esta Justicia para sacar a sus opositores, con lo que se configura un escenario de dictaduras”, advirtió.
Remitido a la vivencia peruana, mediante la presión social y voluntad política de los gobernantes, se logró, en alrededor de diez meses, desmantelar el Consejo Nacional de la Magistratura, equivalente al JEM a nivel local, luego de develarse audios que causaron indignación, y se creó un nuevo órgano constitucionalmente autónomo, la Junta Nacional de Justicia, sin nexo con el Congreso de la República. En Paraguay, el hecho comparado se registró hace ya dos años, pero la antigua práctica recobró vida con los dichos de Bacchetta, preopinando sobre un caso que afecta a un aliado de su movimiento.
El JEM está conformado por representantes de las cámaras de Senadores y Diputados, Corte Suprema de Justicia y Consejo de la Magistratura.
Para Adrianzén, con la composición del antiguo ente peruano, se obtenía la impunidad para políticos corruptos. Por lo tanto, esta institución fue desmantelada para dar lugar al nuevo órgano que se encuentra actualmente en proceso de aplicación.
“El escándalo de los audios permitió descubrir y visibilizar algo que toda nuestra sociedad conocía, pero no teníamos evidencias ni pruebas”, contó.
El sistema de administración de Justicia del Perú está compuesto por el Poder Judicial, integrado por jueces que se encargan de procesos civiles; la Fiscalía de la Nación o Ministerio Público, que debe velar por la legalidad y representar los intereses de la sociedad, y actualmente se suma la Junta Nacional de Justicia, que revisa las designaciones, ratificaciones (cada 7 años) y destituciones de los jueces, fiscales y jefes de la oficina de procesos electorales y del registro civil.
“La importancia de esta nueva Junta Nacional de Justicia es que se trata de un órgano externo al Poder Judicial y al Ministerio Público”, señaló.
Este ente está integrado por siete abogados, todos miembros del foro de abogados, y tendrán un periodo de gestión de cinco años. Para ser nombrados, deben tener un rango de edad de 45 a 75 años, contar con más de 25 años de ejercicio, no tener condena por delito doloso y ser moralmente intachables.
“Estos principios nos hacen creer que este nuevo órgano tendrá las capacidades para iniciar la reforma. Creemos que un órgano con estas autonomías institucionales va a poder mantenerse ajeno del poder político y cuando no, también ajeno del poder económico para decidir con justicia quiénes son nuestros nuevos jueces y nuestros nuevos fiscales”, estimó.
Selección. La Junta es elegida por siete notables: el defensor del Pueblo, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el contralor y dos rectores de las universidades públicas y privadas más antiguas. “De esta manera se evitó la participación del Congreso”, aclaró.
En segundo lugar, el ex ministro precisó que “se trata de los titulares de las instituciones constitucionalmente autónomas de Perú, esto pretende garantizar la despolitización y cuando no, las presiones económicas que pudieran servirse sobre este proceso de elección”.
