Irónicamente, el Gobierno insiste con una campaña denominada “Hambre cero”, un proyecto confuso, incompleto, oportunista y que además excluye todas las áreas que deben estar involucradas; en este caso, la producción de frutas, hortalizas, cereales y otros que forman parte del plan nutricional en la edad escolar.
Las reivindicaciones del sector campesino contemplan primero la tan anhelada reforma agraria, que plantea la recuperación de tierras malhabidas, otorgadas mayormente durante la dictadura stronista. De acuerdo con el informe de la Comisión de Verdad y Justicia, se arrebataron de forma irregular 7.851.295 hectáreas entre 1954 y 2003.
En más de tres décadas de lucha, la Federación Nacional Campesina (FNC) logró recuperar alrededor de 300.000 hectáreas para el desarrollo de la agricultura familiar, en medio de represiones y posterior burocracia estatal para la regularización de las tierras. Las represiones las ejercieron incluso civiles contratados por ganaderos que heredaron los inmuebles de la dictadura o que, en algunos casos, ocupan ilegal e impunemente territorios. Los campesinos Huber Duré y Crescencio González son algunas de las víctimas de esta violencia en el campo. Para no olvidar su historia y entrega, la FNC hizo eterna su existencia a través de los asentamientos que llevan sus nombres.
Contar con tierras es solo el primer paso hacia el desarrollo. Para vivir y producir en ellas, se necesitan de servicios de energía eléctrica, provisión de agua potable, centros de salud, escuelas, caminos de todo tiempo y asistencia técnica.
En el rubro hortícola, la producción nacional cubre apenas el 50% de la demanda anual, los rubros son estacionales y no se pueden producir durante todo el año por una carencia de tecnología. La FNC había planteado al Gobierno una inversión de USD 7 millones anuales durante cinco años para financiar el primer plan nacional de horticultura, con el propósito de eliminar la dependencia que tenemos hacia la importación desde Brasil y Argentina, así como en la incertidumbre respecto al abastecimiento y los precios.
Sin embargo, las autoridades desoyeron una vez más la propuesta concreta de la FNC y tampoco propusieron un plan alternativo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que tiene como principal misión acompañar el desarrollo de los pequeños productores, prácticamente mantuvo su nivel de asistencia técnica en 14 años.
Según el Censo Agropecuario 2022, su acompañamiento llega a apenas 44.279 de los 245.000 productores registrados y si analizamos el acceso a créditos que necesitan para comprar insumos, la situación es peor.
Teniendo el Crédito Agrícola de Habilitación y el Banco Nacional de Fomento en el sector público para el desarrollo de la agricultura familiar, contradictoriamente el acceso a créditos se redujo en 15%.
Podría hablarse de una torpeza cuando vemos el impacto de la desatención a un sector clave para el país, pero en realidad es premeditado. No es coincidencia que el MAG redujera su presupuesto en un 35% para este 2024, así como tampoco lo es la vigencia de la Ley Riera-Zavala que criminaliza la ocupación de tierras.
Desde diez departamentos del país, incluyendo los más lejanos, como San Pedro y Concepción, los campesinos y campesinas de la FNC hoy vuelven a Asunción a sacudirnos con una realidad que erróneamente vemos lejana a nuestra problemática diaria.
Es así que el debate sobre la erradicación del hambre, de la que tanto hablan las autoridades, debería empezar por el origen de los alimentos: el campesinado.
