13 minutos. Es el tiempo que tardaron los sicarios para alquilar una moto acuática, meterse al mar, bajar a la playa, matar, devolver el aparato y desaparecer. Así moría asesinado el fiscal Marcelo Pecci en la isla de Barú, Colombia, frente a su esposa embarazada, el pasado martes 10 de mayo.
En este crimen que sigue conmocionando no solo al país sino a la región, hubo premeditación, organización y precisión. Un plan que solamente puede ser ejecutado por poderosas mafias del crimen organizado, ya sea del narcotráfico o del terrorismo internacional. Las investigaciones apuntan hacia las dos aristas y la pregunta es si fue uno de ellos o se aliaron para este horrendo asesinato que hirió gravemente a la democracia paraguaya.
Pecci era un fiscal especializado contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y tuvo en sus manos los casos más importantes en los últimos tiempos. Esta especialidad es un campo minado porque aquí es donde se anidan la narcopolítica y la corrupción fiscal, judicial y policial. Cualquier funcionario público que ose hacer su trabajo contraviniendo “el orden establecido” corre peligro de muerte. Él pagó con su vida. “Lo mataron porque molestaba a gente bandida y mala”, expresó con profundo dolor su padre, Francisco Pecci, en la manifestación del viernes.
El magnicidio planificado en Paraguay y ejecutado en Colombia movió los cimientos de la sociedad que hace años ve cómo las mafias se van apoderando de las instituciones. Un estupor que con el tiempo se fue normalizando porque el narcotráfico mueve tanto dinero que compra voluntades de los sectores más vulnerables ante la grosera ausencia del Estado, y atraganta con billetes a políticos, empresarios y funcionarios codiciosos e insaciables. Algunos de ellos ocupan curules en el Congreso sin que su partido se tome la molestia de expulsarlos por razones éticas. Al contrario, los endiosa dándoles la membresía para futuras reelecciones. La institucionalidad de la República entregada en sangrienta bandeja de plata.
Por supuesto, nada es gratis. El crimen organizado exige lealtad sin limitaciones y cada quien desde su lugar de trabajo cumple las órdenes a rajatabla: los legisladores no legislan leyes represivas para combatir el crimen organizado; los organismos de seguridad no tienen los recursos mínimos para enfrentarlos; no hay radares para detectar las avionetas llenas de droga que sobrevuelan como bandadas de pájaros el cielo paraguayo; ni escáner en Aduanas para detectar las toneladas de cocaína que van mimetizadas en la exportación de carbón, pintura u otros productos. El operativo A Ultranza PY fue el perfecto ADN para mostrar cuán infiltrados están en la sociedad: cooperativas, estancias, clubes de fútbol, iglesias evangélicas, y muchos etcéteras.
El peor problema es la corrupción y la cobardía para enfrentar este flagelo que, si no se le pone freno, en breve tiempo no habrá Estado.
LO QUE SOMOS. Paraguay es ruta del narcotráfico y centro del lavado de dinero. Tal definición fue un demoledor informe del Departamento de Estado (EEUU) en el gobierno anterior. No es un secreto, pero las instituciones no reaccionan en la medida necesaria para combatir la enfermedad porque simplemente forman parte del problema. El Gobierno está caminando en la cornisa esperando para julio el informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), sobre el sistema antilavado de activos y de la lucha contra el financiamiento del terrorismo en el Paraguay.
El asunto es muy complejo y no se reduce a una mera cuestión de seguridad. No se frenará al crimen organizado con balas solamente, sino con una acción decidida del Estado en todos los órdenes: más recursos para seguridad, pero también combate a la pobreza, al desempleo y la desigualdad. En vastas zonas del Norte, muchas comunidades se dedican a la siembra de marihuana para sobrevivir. Miles de jóvenes sin trabajo ni formación encuentran cobijo en el narcotráfico.
Este descarnado panorama señala que no solo los sicarios mataron al fiscal, sino todos aquellos que declinaron su misión de eliminar este flagelo. Los líderes políticos que mantienen en sus filas a corruptos, narcopolíticos y lavadores de dinero.
La violenta muerte de Pecci debe ser un punto de inflexión para frenar este descenso a los infiernos del narco-Estado.
Y aunque la conmoción, el dolor y la ira nublen la esperanza y parezca que todos son iguales, hay personas, funcionarios públicos y sectores diversos de la sociedad que sí quieren y pelean por un país distinto. Es cuestión de identificarlos y apoyarlos.
