Esta es la segunda y última vuelta del tratamiento del polémico proyecto de ley, por lo que los senadores tendrán la última palabra.
En principio, habría un acuerdo para la ratificación de la versión de la Cámara Alta en la penalización en caso de no presentar en tiempo y forma. Se precisan 23 votos.
“Hoy la ley establece que por la falta de presentación habrá una multa de casi 23 a 24 millones de guaraníes”, indicó el liberal Amado Florentín, quien propuso el tratamiento de este proyecto.
“Es cierto, la multa tiene que existir. La modificación plantea que esté relacionado al salario”, remarcó.
“Tiene una divergencia entre la versión de Diputados y del Senado, en el sentido de que Diputados no establece una posibilidad de sanción o remisión al Ministerio Público, en caso que se omita algunos datos, y se puede rectificar todas las veces que se quiera”, explicó el senador.
“Creo que es un retroceso para esta herramienta, que es fundamental”, señaló.
“Aclaro que en el momento de la votación, voy a votar por la transparencia, y significa votar por la versión del Senado”, anunció el liberal.
“En mi caso, voy a ratificarme en la versión del Senado”, fue lo que aseguró la colorada Blanca Ovelar.
“Mi postura personal es que siga vigente la penalización”, manifestó el senador liberal Enrique Buzarquis.
“No leí el proyecto, pero de buenas a primeras, estoy más inclinado a rechazar”, refirió el colorado Martín Arévalo, y se comprometió a votar por la versión del Senado.
“A favor de la transparencia siempre”, afirmó Fidel Zavala, de Patria Querida.
“Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de presentar declaración jurada de bienes. Es una obligación imperativa para la transparencia y la credibilidad”, sostuvo el liberal Lucas Aquino.
“Cuando se trató en el Senado, votamos a favor de lo que se aprobó en Senadores, que la Contraloría pueda tener la facultad, como corresponde, de informar al Ministerio Público”, señaló Hugo Richer, del Frente Guasu.
“En base a la experiencia, estoy seguro que en Senadores vamos a ratificarnos en nuestra versión”, consideró.
“No hacer eso es sencillamente alimentar la impunidad que es, justamente, uno de los grandes problemas que tenemos en el Paraguay”, dijo.
“Si nosotros no le damos el marco de rigurosidad a este tema, evidentemente, que cualquiera puede modificar. Pierde seriedad”, concluyó.