La mañana del 15 de junio del 2012 dejaría marcado uno de los episodios más trágicos durante la transición democrática del país.
Ese día, un numeroso grupo de policías ingresó a Marina Cué, Curuguaty, para desalojar a uno 60 campesinos que habían ocupado el lugar, a pesar de que la orden judicial indicaba que los agentes debían hacer un allanamiento.
Dicho inmueble está siendo explotado por la firma Campo Morombí S.A., perteneciente a la familia del fallecido político Blas N. Riquelme y actualmente en litigio con el Estado paraguayo que las reivindica.
El procedimiento se volvió un infierno cuando se desataron ráfagas de disparos y cuyas balas hirieron de muerte a 17 personas: 11 campesinos y 6 policías. A dos años del hecho, la investigación aún no esclareció lo acontecido aquel día.
La masacre de Curuguaty no solo tuvo consecuencias sociales sino también a nivel político. Las críticas hacia el Gobierno no se hicieron esperar y pocas horas después ya se hablada sobre destituir al presidente de ese entonces, Fernando Lugo.
El ex obispo asumió el poder al ganar las elecciones del 2008 al conformar los movimientos de izquierdas con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la Alianza Patriótica para el Cambio. Esa unión trajo consigo la alternancia política al poner fin a una hegemonía del Partido Colorado que gobernaba el país desde hace más de 60 años.
A Fernando Lugo solo le restaba un año para culminar su mandato y seguir con el proceso democrático, pero fue cortado bruscamente con su destitución.
Tras la masacre de Curuguaty, la Asociación Nacional Republicana (ANR) fue el partido que inició las negociaciones para hacerle un juicio político al mandatario por mal desempeño en sus funciones. La medida fue acompañada por el ex aliado de Lugo, el PLRA.
Para el politólogo, Alfredo Boccia, el estado de conmoción provocada por las muertes y heridos fue aprovechado por los opositores para sacar a Lugo del poder. Sin tener en cuenta el conflicto social, primó el interés político, dijo a ULTIMAHORA.COM.
Recordó que el gobierno de Lugo aguantó cuatro años en las que en reiteradas ocasiones se intentaron realizar otros juicios políticos, pero no se encontraba el ambiente adecuado o no se reunían los votos necesarios.
“Curuguaty claramente fue una excusa para llevar adelante un juicio político oportunista que tumbó a un Gobierno legítimo que se aprestaba a entrar en su etapa final y sumergió al país en un clima de incertidumbre internacional que duró hasta que asumió Horacio Cartes”, expresó además Boccia.
El juicio político a Fernando Lugo, promovido por la Cámara de Diputados y desarrollado en un Senado constituido como tribunal, duró menos de 30 horas y el 22 de junio del 2012, Lugo se convirtió en el primer presidente paraguayo en ser destituido por esa vía. Sólo cuatro senadores apoyaron al ex jefe de Estado y 39 votaron “por la condena”.
Una multitudinaria manifestación ciudadana contra el juicio político se realizó en la Plaza de Armas frente a la sede del Congreso Nacional.
El libelo acusatorio contra Lugo contenía cinco argumentos: la masacre de Curuguaty, la reunión de jóvenes socialistas en la sede de las Fuerzas Armadas, la firma del protocolo de Ushuaia II, la creciente inseguridad. Además acusaron a Lugo de ser el único responsable y facilitador de las ocupaciones de tierras en Ñacunday.
“El juicio a Lugo solo puede ser entendido dentro del oportunismo político paraguayo y las consecuencias fueron nefastas. Se tuvo 14 meses de un gobierno ilegitimo, se le aisló al país internacionalmente y la transición democrática volvió a ponerse en duda”, indicó Boccia.
Lugo, actual senador de la República, dijo que su destitución por juicio político fue “un golpe de Estado” que permitió “el reposicionamiento de la clase oligárquica privilegiada históricamente” en Paraguay.
Federico Franco asumió la presidencia ese mismo día y las reacciones internacionales no se harían esperar. Los primeros en manifestar su desacuerdo fueron los países del Mercosur que sacaron a sus embajadores del país.
Posteriormente, los organismos regionales del Mercosur y la Unasur suspendieron al Paraguay como socio pleno, alegando un quiebre en el orden democrático. Esta sanción recién fue levantada con la victoria de Horacio Cartes en las elecciones del 2013.
Un hecho similar se vivió en marzo de 1999, con los sucesos del llamado Marzo Paraguayo, en el que siete manifestantes perdieron la vida, durante masivas movilizaciones ciudadenes que sigueron tras el asesinato del entonces vicepresidente Luis María Argaña. Un juicio político también amenazaba al presidente Raúl Cubas Grau, pero éste renunció antes y asumió la presidencia Luis González Macchi.
Para Boccia, el juicio político a Lugo “fue una jugada infantil del PLRA, para estar en el poder apenas un año”, tirando por la borda las negociaciones de una nueva alianza con los movimientos de izquierda para las elecciones del 2013.
La masacre de Curuguaty abrió una profunda herida en la sociedad paraguaya y alteró el proceso democrático. Este 15 de junio se conmemora su segundo aniversario, sin que la investigación oficial haya logrado aún el esclarecimiento real de lo acontecido ese fatídico día.
