Para el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, “la posibilidad de derribo de aviones es muy importante en la lucha contra el crimen organizado”, opinó así con respecto a la modificación de la Ley de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Paraguayo, aprobada por la Cámara de Diputados, según la cual se podrán destruir narcoaviones solo en caso de legítima defensa.
De acuerdo con el proyecto, “el término legítima defensa se refiere al uso proporcional de la fuerza en contra de una aeronave civil por parte de un funcionario del Estado o de una autoridad competente de Paraguay, que razonablemente cree que la aeronave o su tripulación representan una amenaza inminente de daño físico grave para sí mismos o para otros, y que ninguna alternativa razonablemente segura disipe esa amenaza”. Es la intención de los proyectistas que estas modificaciones sean la antesala para otros proyectos, como fortalecer las capacidades del país en materia de su espacio aéreo; vale decir, buscar mejorar el control de radares.
No obstante, queda claro que nuestras autoridades deberían tener mejor definidas las prioridades, considerando que Paraguay posee fronteras muy permeables para todo tipo de actividades ilícitas. Esa es una situación harto conocida.
Si bien existe la conciencia de la necesidad de combatir el crimen organizado y el narcotráfico, actividades que asestan a diario golpes duros a la estabilidad del país, no se ha visto una decisión política firme en el sentido de comenzar a contrarrestar las carencias en cuanto a infraestructura. Se entiende que con esta ley los diputados querían enviar un mensaje de que hay voluntad y compromiso para luchar contra el narcotráfico; sin embargo, deben saber que otorgar el poder de derribar es una opción peligrosa y muy sensible, considerando que el Paraguay ni siquiera cuenta con radares para ejercer un mejor control de su espacio aéreo, especialmente de sus fronteras.
Uno de los diputados calificó de escuálido y anémico al parque, el cual está conformado por una raleada dotación de aeronaves que puedan llevar adelante con éxito la lucha contra el crimen organizado que invada nuestro espacio aéreo. Muy diferente a la capacidad y los recursos que –según se sabe– disponen las organizaciones del crimen organizado y narcotráfico, como bien quedó en evidencia durante allanamientos realizados en el Operativo A Ultranza. Es así que mientras el narco se mueve en vehículos de lujo, cuenta con sendas embarcaciones, avionetas y helicópteros, los recursos de la Policía Nacional dan pena, como cuando recientemente un helicóptero quedó sin batería en la zona de La Paloma, Canindeyú: una patrullera había intentado hacerle un acople y al no funcionar la nave debió ser remolcada por un tractor.
El desfasaje de nuestros recursos para combatir al crimen organizado es un aspecto a tener cuenta a la hora de evaluar los resultados de esta lucha que va adquiriendo ribetes de gran peligro. Apenas hace una semana la Cámara de Senadores había aprobado un proyecto de ley que obliga a la instalación de escáneres en todos los puertos usados para la salida de contenedores. La innovación –que es esencial– tardará, sin embargo, al menos un año en poder ser implementada, por lo que se puede presuponer que los puertos locales seguirán siendo utilizados como centro de libre tránsito de productos prohibidos.
Deben entender las autoridades que no se trata de emitir permisos para derribar narcoavionetas solamente –un hecho que de por sí resulta una decisión bastante comprometida–, sino de que las instituciones del Estado entren finalmente en el siglo XXI y dispongan al menos de radares que protejan nuestras fronteras. Sin eso, la lucha contra el crimen organizado estará perdida.
