Antes de iniciar el juicio, el abogado defensor presentó un incidente solicitando la nulidad de la causa por indefensión; el mismo alegó que se cambiaron ciertos datos incongruentes. Sin embargo, los miembros del Tribunal de Sentencia, los jueces Víctor Medina, Elsa García y Olga Ruiz, no hicieron lugar a la acción.
De esta manera, se inició el juicio con la lectura de los alegatos iniciales y proseguirá el próximo 14 de diciembre, a las 10.30, con la convocatoria de los peritos de la defensa.
El caso es investigado por el agente fiscal Luis Piñánez, quien sostiene la acusación contra el encausado por el hecho punible de enriquecimiento ilícito.
El agente Piñánez manifestó que cuentan con elementos suficientes para demostrar durante las etapas del juicio oral que los ingresos de dinero de Carballo no conllevan lógica con sus egresos, siendo esto último bastante superior a lo que percibía desde que ingresó a la función pública. Al respecto de este cuestionamiento, el abogado defensor de Carballo manifestó que su defendido puede demostrar que realizó varias operaciones comerciales a la par que ejercía su función pública.
LA ACUSACIÓN. Según el Ministerio Público, Miguel Ángel Carballo Gómez comenzó a trabajar en la función pública en el año 2007 como asistente, en el Mercado 9 de Asunción, por lo que cobraba mensualmente G. 1.800.000. En pocos meses, siguiendo en el mismo cargo, su salario aumentó a G. 2.300.000.
A la par que se desempeñaba como funcionario, en el 2008 fundó con Lourdes Cuéllar Velázquez una sociedad anónima denominada Rocket, con una inversión de socio de G. 5.000 millones, distribuidos en 50 acciones de capital, cuyo valor ascendía a G. 100 millones cada una.
También llamó la atención de los investigadores que en ese mismo acto el “mecánico de oro” fue electo como presidente de la sociedad.
Ese mismo año, Carballo ascendió a jefe de Transporte y Talleres de la Municipalidad de Asunción, con un salario de G. 3.000.000. Además, fue beneficiado con dos ascensos en poco tiempo y alcanzó el salario mensual de G. 5.500.000 en un cargo de director.
Para el Ministerio Público, Carballo no logró justificar los movimientos de dinero que realizaba, que no coincidían con el salario que percibía. Se sospecha que el mismo era prestanombre del ex senador Víctor Bogado.
Otra causa
En noviembre del 2018, Miguel Ángel Carballo, presunto testaferro del senador colorado Víctor Bogado, fue investigado por la Fiscalía por supuestamente cobrar de forma irregular G. 82.400.000, en concepto de salario en la Cámara de Diputados. La denuncia fue realizada por el asesor jurídico de la Cámara Baja, Luis Cáceres, por supuesto cobro indebido de honorarios. En esa ocasión, la defensa de Carballo era que en ese periodo no podía cumplir su trabajo porque estaba privado de libertad por el caso de enriquecimiento ilícito.
