El Consejo Nacional Electoral (CNE), señalado de servir al chavismo, declaró a Maduro ganador de los comicios del 28 de julio con el 52% de los votos, aunque hasta ahora no ha mostrado detalle del escrutinio debido, asegura, a un “ataque ciberterrorista”.
La oposición, liderada por María Corina Machado, publicó en un sitio web copias de más del 80% de las actas escrutadas, que, asegura, prueban la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia con el 67% de los votos.
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Estados Unidos insistió el jueves en que es “absolutamente claro” que el opositor resultó vencedor de los comicios, en una aparente retracción a un comentario previo del presidente Joe Biden, en el que decía apoyar nuevas elecciones.
En medio de un pedido mundial por un escrutinio más transparente, Brasil y Colombia lideran los esfuerzos para destrabar la crisis postelectoral que llevó a protestas en las que se han registrado 25 muertos y más de 2.400 detenidos, algunos menores de edad.
México, que también era protagonista en esta iniciativa, comenzó a marcar distancia del tema, a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Venezuela sobre un pedido de Maduro para “certificar” su elección.
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La Justicia venezolana es acusada de servir al gobierno.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugirió convocar nuevas elecciones con “la participación de todos los candidatos (...) y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones”, según dijo en una entrevista en la que aseguró que “aún no” reconoció los resultados.
En la misma línea, su homólogo colombiano, Gustavo Petro, pidió “nuevas elecciones libres” con “garantías totales a la acción política” y el “levantamiento de todas las sanciones” económicas de Estados Unidos contra Venezuela.
Ante la pregunta de un periodista sobre si apoya nuevos comicios en Venezuela, Biden respondió que “sí". Pero un portavoz aclaró que el presidente “se refería a lo absurdo de que Maduro y sus representantes no hayan sido honestos sobre las elecciones”.
El canciller colombiano Luis Murillo recibió en Bogotá a su par brasileño Mauro Vieira para abordar “temas centrales” de su agenda bilateral, según Bogotá.
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Maduro ya descartó el 31 de julio, tres días después de su proclamación, repetir los comicios.
"¿Gané la partida de dominó y pido que se repita? Es así como que estamos jugando dominó, yo gano y '¡qué se repita esto por favor! No, ya ganaste, tómate una cervecita”, había señalado en una rueda de prensa.
La oposición por su parte rechazó de plano la propuesta.
“Las elecciones presidenciales en Venezuela se realizaron el pasado 28 de julio y las ganó abrumadoramente Edmundo González Urrutia”, escribió el propio candidato en su cuenta en X.
En una rueda de prensa virtual con medios chilenos y argentinos, Machado dijo que “plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí, es una falta de respeto a los venezolanos que lo han dado todo”.
“La soberanía popular se respeta”, siguió Machado, que se encuentra en la clandestinidad. “Las elecciones tuvieron lugar y la sociedad venezolana se expresó en condiciones muy adversas, donde hubo fraude y aun así logramos ganar”.
González tampoco aparece en público desde hace dos semanas. Maduro ha pedido cárcel para ambos.
El Parlamento venezolano, en tanto, aprobó el jueves por unanimidad la regulación de las oenegés, una iniciativa que activistas temen restrinja derechos civiles.
La discusión del texto, impulsado en enero de 2023, fue retomada el martes tras una solicitud hecha por Maduro de acelerar la discusión de un paquete de leyes que también incluye la regulación de redes sociales y el castigo contra el fascismo, término usado con frecuencia por el Gobierno para referirse a la oposición.
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El chavismo tiene mayoría absoluta en la única cámara legislativa, la Asamblea Nacional.
Las oenegés son blanco frecuente de ataques desde el poder. La ley las obliga, por ejemplo, a inscribirse en un registro local y hacer una “relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros”. Su incumplimiento implica multas que pueden llegar a 10.000 dólares.
“Legaliza la persecución hacia la sociedad civil que ha denunciado los abusos y acompañado a miles de víctimas en estos tiempos oscuros”, cuestionó la ONG de derechos humanos, Provea, en X.
Fuente: AFP.
