En este ataque de transparencia no se olvidan ni de las organizaciones vecinales, las que se unen por polladas o quienes preparan ollas populares, quienes también deberán rendir los nimios recursos que caen de la mesa del Estado. Rendir, que significa montar todo un departamento de administración, le costará más de lo que recibe. No rendir, en una palabra, le costaría el cierre, puesto que sanciones para estos casos ascenderían a cientos de millones.
Además, cabe señalar que varias organizaciones que observan con preocupación esta avanzada para criminalizar la libre asociación, en especial de movimientos sociales, han señalado que el control ya existe y lo hacen desde estamentos del Ejecutivo, el BCP, la Superintendencia, Seprelad, Tributación, etcétera.
Para los amigos todo. Es muy interesante cómo actúa el camaleonismo político en el caso de los que impulsan la propuesta contra las oenegés que incuba dentro, como ya se dijo, un claro intento de acallar voces disidentes.
Existen verdaderos gigantes que consumen de la Administración Pública millonarios recursos; por ejemplo, los municipios. Si bien por los royalties y hasta ahora por los recursos del Fonacide –que pasa a llamarse con la nueva ley, fondos para el almuerzo escolar–, las administraciones locales deben rendir ante Hacienda y los controla Contraloría. Los legisladores que ahora buscan cual aplanadora afirmar su proyecto contra las oenegés, siempre son mansos corderitos para establecer algún tipo de agudo control o de facilitar la transparencia.
Solo en lo que va del periodo, por pacto político de colorados cartistas y liberales, han impedido dar acuerdo para intervenir varios municipios. Algunos de estos son de cuestionada gestión, pero como son oficialistas, tienen protección. El Municipio de Tomás Romero Pereira, cuyo intendente es Hernán Ysidro Rivas, padre del senador Hernán David Rivas, no se intervino. En el mes de noviembre también se blanqueó a los intendentes de Carapeguá y San José del Rosario. En setiembre se blanqueó a una de las administraciones más escandalosas, la de Puerto Casado, administrada por Hilario Adorno, hermano del diputado Domingo Adorno. Hilario había adquirido una camioneta para uso particular con dinero público. Los liberales aprovecharon el pacto para salvar a la intendenta de Valenzuela.
No solo no los controlan, sino que premia a autoridades que se convierten en la gallina de los huevos de oro. Por eso, cada político de las cámaras tiene a un intendente como benefactor. En el discurso que es recurrente y constante en ambas cámaras, respecto a que se podría activar el mecanismo de extensión de mandato para municipios, están varias administraciones en especial coloradas, que serían beneficiadas. No son, claro está, administraciones que se puedan jactar de generar resultados en sus comunidades.
Existe conflicto de intereses en el pedido que podrían considerar los legisladores con relación a la propuesta realizada por los concejales colorados y liberales, que buscan extender el mandato de concejales e intendentes hasta 2028.
Esto genera intereses sectarios y familiares que rodea el pedido hecho por varios concejales bajo el ropaje de la unificación de elecciones municipales con las generales, de tal modo que no se realicen en 2026.
