La centralización de fondos será el primer efecto de la ley, pues de un plumazo reducirá en porcentaje el dinero, hasta ahora, destinado a municipios y gobernaciones que mueven a las economías locales.
El Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), cuya creación establece la nueva ley, solo tiene en cuenta el almuerzo y, al contrario de Fonacide, no contempla desayuno ni merienda escolar para las escuelas.
El oficialismo colorado sacó a relucir su voto duro y con 49 votos aprobaron en general el proyecto, con apoyo de un liberal y otro de Cruzada Nacional. Ese paso allanó el camino para que, artículo por artículo, se vaya aprobando, en particular casi de manera fiel los planes que el Ejecutivo plasmó en su proyecto.
Luego, la oposición a pleno y un colorado consideraron necesario postergar el tratamiento de la ley con el ánimo de lograr mayor consenso en torno al documento y establecer los cambios necesarios.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppAl no obtener respuesta favorable, propusieron modificaciones en el documento que constan de 14 artículos. El dictamen propuesto por la Comisión de Presupuesto, a cargo de la diputada Cristina Villalba, fue el que se impuso en mayoría, pese a que la oposición se aferró a cambios incluidos en el texto de la Comisión de Niñez.
EXCLUYENTE. El principal cuestionamiento surgió en el artículo 6 del proyecto que, al no contemplar la inclusión de todas las gobernaciones y crear un consejo para el control de los recursos de la alimentación, fue atacado de inconstitucional.
La oposición, en su mayoría liberal, cuestionó que sin la inclusión en el control de los recursos de Capital y, en particular, las gobernaciones de Presidente Hayes y Central –esta última gobernada por Ricardo Estigarribia– existen indicios para pensar que se trataría de revanchismo político.
No garantiza la descentralización y va a contramano de lo que dispone la Constitución. “De este modo, se pone en duda la constitucionalidad de la ley”, dijo el diputado Jorge Ávalos Mariño.
ENTES CUESTIONADOS. Además, el proyecto contempla el control de unos USD 300 millones en manos de un consejo liderado por el Ministerio de Desarrollo Social, y en cuyo seno, además, estará la polémica organización de jefes comunales denominada Opaci.
La diputada Rocío Vallejo cuestionó que se prefiera a Opaci y no así a Salud. “Se les dejó de lado a las intendencias, al Ministerio de Salud y se le metió a una oenegé como la Opaci”, reclamó. Por último, el programa de Arancel Cero perdió el blindaje, dado que dependerá de recursos provenientes del Tesoro y no de los fondos provenientes de la compensación de energía hoy garantizada.
Ahora pasa a manos del Senado.
