Antonio Espinoza, director del Club de Ejecutivos.
MAAMA es como se conoce en la jerga bursátil a un grupo de cinco empresas gigantes de la tecnología mundial: Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Meta (Facebook) y Amazon. Juntas tienen un valor de mercado superior a ocho billones (millones de millones) de dólares, superando el PIB de Alemania y Japón juntos.
Su éxito se debe principalmente a que han innovado asiduamente, ofreciendo productos y servicios altamente valorados por sus usuarios. Para ser competitivos y mantener su posición en el mercado, invierten fuertemente en investigación y desarrollo. El grupo MAAMA erogó el año pasado más de 280.000 millones de dólares para mejorar y ampliar sus líneas de productos.
Estas compañías han creado bienes y servicios que han ganado la preferencia de los consumidores por sus superiores prestaciones y diseños, y su costo accesible o gratuito. WhatsApp, de Meta, es la herramienta gratuita de mensajes utilizada hasta en los hogares más recónditos y humildes de nuestro país. En los momentos álgidos de la pandemia fue el medio preferido para clases virtuales en la mayoría de las escuelas públicas. “Googlear” se ha convertido en verbo por su uso cotidiano para todo tipo de búsqueda.
Gracias a las computadoras personales, las aplicaciones amigables y los teléfonos celulares inteligentes –muchos de estos originalmente inventados por las empresas de MAAMA– han popularizado el uso de la tecnología digital para todo tipo de actividad cotidiana. Compras y ventas, pagos por billetera electrónica, transferencia y QR, telemedicina y muchas más. Adultos que no pasaron de segundo grado operan con solvencia sofisticadas aplicaciones que les facilitan la vida, los negocios y el entretenimiento.
Pero mientras en el sector privado los ciudadanos vuelan en el jet digital, la triste realidad es que nuestro Estado transita cansinamente en una lenta carreta tirada por achacosos bueyes. Procesos que debieran de tomar segundos demoran semanas y meses, se gastan fortunas en innecesarios papeles y papeleos, se obliga al sufrido ciudadano a dilapidar sus limitados recursos en interminables fotocopias y certificaciones notariales, y a perder valiosas horas transitando de ventanilla en ventanilla, teniendo muchas veces que tragarse estoicamente el proverbial “eju lunes” burocrático.
Esta es una tragedia absurda, innecesaria y monumentalmente costosa.
Para realizar la transformación de nuestra administración pública, eliminando trámites innecesarios y digitalizando los demás en beneficio de la población, no es necesario salir a buscar fondos, ni viajar a Estonia para aprender cómo se hace. La plata ya está: en el año 2018 el BID otorgó a nuestro país 130 millones de dólares para implementar una agenda digital. Han pasado cinco años y de esta suma ya se ha gastado una buena parte, con resultados casi invisibles para la ciudadanía.
Y para aprender cómo hacerlo no hay que ir más lejos que Ecuador, que en el mismo lapso ha catastrado 3.900 trámites, y eliminado 600 que se encontraron innecesarios. Del resto, se simplificaron 1.700 y digitalizaron más del 80%, beneficiando no solo al usuario, sino también a las instituciones, que mejoran sus procesos en la administración de personal y recursos. Con esto, el Estado ecuatoriano está logrando ahorros de más de 150 millones de dólares anuales en costos administrativos.
Si tenemos los recursos, y tenemos el modelo, ¿qué nos falta? Fundamentalmente, un liderazgo moderno, claro y enérgico de la administración de turno, priorizando este proceso y dando instrucciones precisas a los organismos públicos de lograr resultados, con objetivos, metas y plazos de cumplimiento obligatorio.
¡Maama mía! ¡No es tan difícil! Es solo cuestión de decidir, y hacer.
