Un grupo de mujeres, entre jubiladas y trabajadoras, acudió este viernes para solicitar asistencia y atención a los ministros de la Corte Suprema de Justicia sobre los casos de descuentos compulsivos que padecen como parte de la mafia de los pagarés.
Mirna Gallardo, representante de la Asociación Paraguaya de Enfermería, que tiene a varias de sus integrantes afectadas, señaló que algunas incluso deben enfrentar deudas de G. 40 a 50 millones más honorarios de abogados.
“Esta es una rosca que realmente está perjudicando enormemente a nosotras, a las mujeres, a las trabajadoras, y por eso hoy apelamos a la sensibilidad de los ministros de la Corte para entender de esta grave problemática y que ya no podemos seguir”, señaló Gallardo. “No pueden seguir esperando a que finalice la investigación y seguir pagando ese monto que es una pérdida para ellas”, añadió.
📌 Docentes y enfermeras estafadas por "La mafia de los Pagarés" fueron hasta el Poder Judicial para solicitar el cese de embargos de sus salarios
— NPY Oficial (@npyoficial) March 7, 2025
🗣️ "¡Dejen de robarnos!", expresó una profesora en medio de llantos en repudio al actuar de la rosca.
🗣️ "Somos compañeras… pic.twitter.com/Zt3uSD2HZ2
Entre los pedidos se solicita el cese de los descuentos compulsivos que padecen las afectadas, que se auditen los juicios ejecutivos y a resueltas determinarse lo que seguirá.
Entre las afectadas, una mujer jubilada señaló que se le descuenta mensualmente G. 1.450.000 por una cuenta que ya pagó y que incluso tiene los documentos que avalan que ya pagó toda la deuda. “Esta misma abogada me está demandando de vuelta por G. 41 millones más G. 10 millones de honorarios”, relató a NPY.
Asimismo, se refirió al juez Martín Diego Acosta Dende, que les recibió hace 15 días en su oficio y señaló que iba a estudiar su caso en aquella semana, pero, sin embargo, dio vía libre a su juicio.
La mujer señaló que se jubiló en setiembre del 2017 y que desde noviembre del 2023 padece de los descuentos. “Lo que pido, en nombre de las compañeras que están jubiladas y activas, es el cese de cobro compulsivo mientras dure la investigación de los fiscales, que se devuelva todo lo que se nos descuenta”, señaló la mujer.
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Gallardo destacó que el grupo que acudió hasta el Palacio de Justicia “no ha tenido el derecho a la defensa” y se refirió al caso de una enfermera cuyas notificaciones llegaron al Hospital de Clínicas cuando ella ya no se desempeñaba como funcionaria allí.
“No entendemos por qué los ministros de la Corte no toman intervención y hacen algo por este grupo de compañeras, jubiladas y activas que están siendo víctimas de este robo, y tenemos que estar esperando nuevamente otros juicios. Todos sabemos el tiempo que dura un juicio, entonces pedimos y urgimos a los ministros que tomen intervención y estudien esta grave problemática de descuento que está afectando a muchas enfermeras y enfermeros”, expresó Gallardo.
La mujer relató que la mafia de los descuentos no solamente afecta a las enfermeras y enfermeros, sino también a educadores, y relató el caso de una persona de Canindeyú denunciada por la compra de un electrodoméstico en Mariano Roque Alonso. “Jamás vino a hacer dicha compra. ¿Cómo podemos nosotros los ciudadanos comunes defendernos si la Justicia tarda tanto?”, cuestionó.
“Los ministros no entienden, no se involucran en esta grave situación, los jueces siguen resolviendo juicios ejecutivos en contra de trabajadores que están siendo robados en este momento”, reclamó Gallardo.
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Al ser consultada sobre la falta de definición, Gallardo señaló que “seguramente no estamos el agenda” y por esa razón no se les presta atención.
“En este Día Internacional de la Mujer, venimos aquí, las mujeres afectadas por el robo de la mafia de los pagarés, a pedir a la Justicia, a los ministros de la Corte. Por favor, ocúpense de este caso que está afectando a muchísimas mujeres trabajadoras”, apeló la directiva de la Asociación Paraguaya de Enfermería.
Nueve años de descuento
Margarita Portillo, otra de las afectadas, señaló que desde el 2016 y hasta la fecha padece de descuentos compulsivos. Señaló que hace dos años que se jubiló y citó a una abogada como responsable de los descuentos.
“Son nueve años que sigo pagando, ¿cuánto?, G. 90 millones por ahí es la deuda que estoy pagando y yo tengo un salario de G. 3 millones. ¿Usted cree que me iban a dar G. 90 millones? ¿Cuándo va a terminar? Yo no puedo ni hacer mi tratamiento de hueso que tengo, porque no me sobra”, relató entre lágrimas y con pesar la mujer.
Indicó que ingresó una orden de descuento de G. 6 millones, por lo que exige que se revisen los papeles y que tanto a ella como a las demás afectadas se les “deje de robar”.
“Repercute en mi salud, soy enferma, tengo descalcificación de huesos, de los cuales hace dos años que no puedo comprar mis medicamentos por falta de plata”, manifestó la mujer, a la par de señalar que no recibe notificaciones y dada su condición de salud no puede dar seguimiento al caso.
“Yo muchas veces no puedo caminar para andar recorriendo, porque te dicen ‘anda allá’, así te tienen, como bola sin manija, y todo eso es porque somos pobres, porque si tenía plata hubiese puesto un abogado que me defienda, pero no tengo la capacidad y ya es hora de que dejen de robarnos”, acotó la mujer.
