El informe de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional menciona el manejo en el Juzgado de Paz La Encarnación, donde figura como jueza Carmen Analía Cibils, que cuenta con dos secretarías.
Según la ley, “los escritos deben ser llevados al despacho con los recaudos... Una vez despachados, deberán ser agregados… foliados con letra y no con cifra, bajo numeración corrida”; sin embargo, se encontraron en ambas secretarías 212 expedientes sin foliatura.
Uno de los puntos más llamativos es que encontraron –en cuanto a la gestión de la magistrada– que 57 expedientes tenían una sola firma, pero sin el sello identificatorio. “Además, en diez expedientes se constató que las providencias no están fechadas”, dice la conclusión.
En cuanto a los expedientes con presentaciones pendientes de proveer, es decir, que aún no han sido resueltas por la autoridad competente, se encontraron un total de 170 en las dos secretarías. De esta cifra, casi el 90% de dichos expedientes ya se encontraban fuera del plazo.
Incluso, en dieciséis documentos no encontraron la firma del actuario, pero sí el sello de cargo. En contrapartida, dieciocho expedientes no tenían el sello.
Por otra parte, el equipo auditor verificó que en la Secretaría 1, en 144 expedientes no constan los recibos de cobertura de gastos por las notificaciones realizadas. Aquí la responsabilidad eran de los ujieres Nicolás Antúnez, Jorge Montiel y Arturo Ayala.
En la Secretaría 2, no tienen cobertura de gastos en 372 documentos.
Por último, se verificaron 92 juicio ejecutivos “sin la correspondiente autenticación de instrumentales y documentos obligacionales”; es decir, los pagarés no autenticados.
INVESTIGACIÓN FISCAL. Recientemente, se conformó un equipo fiscal para investigar esta causa, considerada como mafia de pagarés, donde se denunció que estarían involucrados jueces, actuarios, y hasta ujieres, varios de ellos sumariados.
En esta investigación, fueron designados los fiscales Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, todos de la Unidad Anticorrupción, para indagar varios hechos, como estafa procesal (si los jueces son engañados), producción de documentos públicos de contenido falso (si lo que dicen las actas son falsas).
También se investigan otros hechos como cobro indebido de honorarios, prevaricato (si se dictan resoluciones fuera de una ley) y hasta usurpación de funciones (si otros hacen las funciones que le corresponden a miembros del Poder Judicial).
La jueza Analía Cibils, luego de un mes de suspensión, fue restablecida en su cargo. Ella había sido una de las juezas sumariadas por supuesto involucramiento en esquema de extorsión de doble ejecución de pagarés ya cancelados. Así como ella, también había sido suspendida la jueza del Juzgado de Paz de San Roque, Liliana González de Bristot. La Corte envió los antecedentes de ambas al Jurado y a la Fiscalía.
