Mafia de los pagarés: Imputan a 63 personas, entre jueces y actuarios

El Ministerio Público imputó ayer a 63 personas, entre los que se encuentran jueces, actuarios y abogados, quienes integrarían una organización delictiva conformada para estafar a personas asalariadas mediante demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas, mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso, conocida como la mafia de los pagarés.
Los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, presentaron ayer la imputación contra cuatro jueces de Paz de la capital (y una ex jueza), por la comisión de los supuestos hechos punibles de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.

Al respecto, la imputación incluye a los actuarios judiciales, como presuntos cómplices en el prevaricato, producción y uso de documentos públicos de contenido falso; así como a los ujieres notificadores de los juzgados de Paz de La Encarnación, La Recoleta, Catedral del 2° Turno y San Roque, todos de la ciudad de Asunción.

En la lista aparecen también, abogados vinculados con empresas de cobranzas, imputados por los supuestos hechos punibles de instigación al prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso; y, por último, a oficiales de Justicia, por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

Recusación. Cabe señalar que una persona sindicada en la causa abierta con relación a las actuaciones del Juzgado de Paz de la Catedral del segundo turno, presentó ayer recusación en contra del equipo fiscal interviniente en esta causa, lo que lleva al equipo investigador a elevar informe sobre la causal invocada para que la superior jerárquica, la adjunta María Soledad Machuca, resuelva sobre la procedencia o no de dicha recusación.

Los antecedentes del caso surgen a partir del informe de auditoría elaborado por equipos técnicos, que examinaron expedientes de los distintos juzgados de Paz.

Se identificaron numerosas inconsistencias, como notificaciones supuestamente realizadas por ujieres en la misma fecha y horario, incluso en ciudades diferentes, así como mandamientos diligenciados por oficiales de justicia en condiciones similares.

Allanamientos. En base a la información remitida por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público solicitó órdenes de allanamiento para cinco Juzgados de Paz de la capital.

Desde ese momento, el equipo fiscal procedió al análisis documental exhaustivo, revisando resoluciones, escritos, nombres, fechas, horarios y localidades.

Este trabajo permitió concluir preliminarmente sobre la existencia de hechos punibles y la presunta participación de personas vinculadas a juzgados de Paz y auxiliares de Justicia.

Entre los hechos atribuidos, se señala que jueces habrían dictado resoluciones judiciales contrarias a derecho, beneficiando a empresas actoras (especialmente de cobranzas), incluso cuando sabían que las notificaciones para reconocer firmas y oponer excepciones no se habían realizado.

En muchos casos, los procesos avanzaban hasta llegar a sentencias definitivas de remate y embargos con descuentos compulsivos de salarios. Los actuarios, por su parte, habrían contribuido elevando informes procesales indicando falsamente el cumplimiento de notificaciones, aun cuando estas coincidían en tiempo y espacio imposibles o incluso eran notificadas en días inhábiles.

investigación. El esquema criminal había sido revelado mediante varios materiales de Telefuturo. Abogados vinculados habrían instado el avance de procesos, pese a conocer que las diligencias no se realizaron conforme a la ley.